Este 5 de julio se formalizó la creación de una nueva coalición parlamentaria integrada por las agrupaciones políticas Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Esta alianza ha sido establecida con el propósito de articular una labor legislativa conjunta y coordinada dentro del marco del nuevo Congreso bicameral. La firma del pronunciamiento conjunto estuvo a cargo de los líderes de las tres organizaciones: Alfonso López Chau, Roberto Sánchez Palomino y Ricardo Belmont Cassinelli.
El bloque, que agrupará a los senadores y diputados electos de estas tres fuerzas políticas, ha definido claramente su rol institucional. La coalición ejercerá una función de oposición frente al gobierno de Keiko Fujimori, quien está programada para asumir la presidencia de la República el próximo 28 de julio.
En el documento firmado por los dirigentes, se han establecido cuatro compromisos fundamentales que guiarán el accionar de los parlamentarios. El primer compromiso se centra en el reconocimiento de los resultados electorales. No obstante, la coalición ha dejado establecido que este reconocimiento no anula su derecho a denunciar cualquier irregularidad que haya podido ocurrir durante el proceso electoral.
El segundo pilar de este acuerdo se refiere al control político. Los líderes de la alianza se han comprometido a ejercer una fiscalización que describen como "firme, vigilante y responsable" desde ambas cámaras del Congreso. Este control busca asegurar que la gestión gubernamental se mantenga bajo el escrutinio legislativo constante.
El tercer compromiso aborda la dimensión de la justicia y la transparencia. La coalición exige que se haga justicia para las víctimas de las protestas ocurridas en el sur del país. Asimismo, el grupo manifiesta un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad en relación con los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios públicos.
Finalmente, el cuarto compromiso detalla la agenda legislativa prioritaria para el bloque. La tarea principal y más inmediata será la derogación de las llamadas "leyes procrimen", aprobadas por el Parlamento actual en los últimos años. Adicionalmente, la agenda incluye la recuperación del derecho al referéndum y la búsqueda de la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Respecto a las "leyes procrimen", la coalición ha identificado normas específicas que consideran perjudiciales. Entre ellas, destacan la ley que exime de responsabilidad penal a los efectivos policiales que utilicen armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. También incluyen en esta categoría la ley de legítima defensa diseñada para civiles y el dictamen que permite trasladar las investigaciones contra agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) al fuero militar policial.
En relación con el proceso electoral, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, ha reconocido formalmente la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa. Sin embargo, el documento conjunto subraya que acatar el resultado no implica renunciar a la posibilidad de señalar irregularidades. La alianza sostiene que la construcción de una paz democrática no puede basarse en el silencio frente a hechos que, según su criterio, deben ser esclarecidos.
Con esta postura, la coalición busca establecer un equilibrio político. Por un lado, evitan entrar en un choque directo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero por otro lado, mantienen abierta la posibilidad de plantear cuestionamientos y demandas desde la tribula parlamentaria. La estrategia de los tres partidos es consolidar un frente opositor que combine la vigilancia política con una agenda legislativa enfocada en la reversión de normas recientes y la demanda de justicia social y legal.
