El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha emitido una advertencia clara y contundente respecto a la naturaleza jurídica y la estabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El jefe de la cartera de Justicia señaló que este tribunal no puede desaparecer a través de la expedición de un decreto presidencial, desestimando así la viabilidad legal de algunas propuestas planteadas recientemente en el ámbito político.
Esta declaración surge como una respuesta directa a los anuncios realizados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario entrante ha manifestado en diversas ocasiones su intención de utilizar decretos administrativos para modificar la estructura o, incluso, eliminar por completo el tribunal transicional. Ante estas afirmaciones, el ministro Cuervo ha salido al paso para aclarar el marco normativo que rige la existencia de la JEP.
Según la explicación detallada por el funcionario, la Jurisdicción Especial para la Paz no es una entidad creada por un acto administrativo simple, sino que fue establecida mediante un mandato constitucional. Esta condición le otorga una protección jurídica superior, ya que su vigencia está plenamente establecida y garantizada hasta el año 2030. Por lo tanto, cualquier intento de poner fin a sus funciones antes de la fecha prevista no podría lograrse mediante una decisión unilateral del Ejecutivo.
El ministro de Justicia fue enfático al señalar que, para lograr la terminación de la JEP, sería estrictamente necesario presentar un acto legislativo ante el Congreso de la República. Esto implica que se requeriría una reforma a la propia Constitución Nacional, un proceso legislativo complejo que involucra debates y votaciones en el cuerpo legislativo, y que no puede ser sustituido bajo ninguna circunstancia por una ley ordinaria o un decreto administrativo.
Más allá del marco legal interno, Cuervo subrayó que el mecanismo de justicia transicional que representa la JEP cuenta con un respaldo sólido del sistema internacional. Específicamente, mencionó el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un factor que, según el ministro, refuerza el carácter permanente y la obligatoriedad de la institución hasta que se cumpla el vencimiento de su mandato en 2030.
En el marco de las gestiones actuales del Ministerio de Justicia, el funcionario recordó que recientemente se expidió un decreto destinado a reglamentar la aplicación de las sanciones propias dentro del sistema transicional. El objetivo primordial de esta medida administrativa fue brindar una mayor claridad sobre los mecanismos de cumplimiento que rigen las condenas impuestas por la jurisdicción, buscando así optimizar la operatividad del sistema sin alterar su esencia constitucional.
Con el fin de evitar conflictos institucionales y asegurar una transición administrativa ordenada, el ministro Cuervo propuso al Gobierno entrante la realización de un encuentro directo con el magistrado Eduardo Cifuentes Ramelli, quien actualmente se desempeña como presidente de la JEP. El propósito de esta reunión sería trazar una hoja de ruta conjunta que permita coordinar las acciones del tribunal con la nueva administración.
El ministro indicó que este espacio de diálogo resultaría fundamental para que el nuevo mandatario pueda exponer sus inquietudes y preocupaciones directamente ante la magistratura, permitiendo así el establecimiento de compromisos de trabajo mutuos entre ambas administraciones. De esta manera, se buscaría que la gestión de la justicia transicional continúe su curso basándose en la legalidad y el diálogo institucional.
Finalmente, Jorge Iván Cuervo abordó las críticas existentes sobre la operatividad del tribunal. Reconoció que hay un malestar en ciertos sectores de la sociedad debido a la percepción de lentitud en los procesos judiciales. Ante esto, el jefe de la cartera de Justicia planteó que la JEP debe agilizar la notificación de sus fallos para reducir dicha insatisfacción.
El ministro insistió en que la solución a las deficiencias percibidas no radica en el desmonte de la entidad, sino en su fortalecimiento. Para Cuervo, la respuesta adecuada frente a las críticas sobre la celeridad procesal es dotar a la Jurisdicción Especial para la Paz de más recursos, asegurando que cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos judiciales de manera eficiente.
