El Poder Ejecutivo nacional avanza en el diseño de una reforma electoral integral con el objetivo principal de modificar el sistema de votación y asegurar la viabilidad política de cara a los comicios de 2027. El núcleo del conflicto radica en la incompatibilidad técnica y económica entre la implementación de la boleta única de papel (BUP) y el mantenimiento de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Según informaron funcionarios del Gobierno, si bien la boleta única de papel es considerada una herramienta excelente, su aplicación resulta impracticable en una elección nacional que incluya PASO. Los argumentos esgrimidos desde la Casa Rosada se centran en los costos operativos y la complejidad logística de organizar la disposición de las ofertas y categorías dentro de la BUP en una instancia primaria. Ante este escenario, el oficialismo sostiene que, a fines prácticos, las PASO no podrían implementarse en 2027 bajo el esquema de boleta única, lo que impulsa la necesidad de sancionar la reforma diseñada por el Ejecutivo.
Para destrabar la falta de votos necesaria en el Congreso y conseguir el apoyo de los mandatarios provinciales, el oficialismo ha diseñado una alternativa estratégica: la implementación del sistema de colectoras. Este mecanismo permitiría que los gobernadores mantengan sus propias listas para los cargos de diputados y senadores nacionales, pero que estas se encuentren adheridas a la candidatura presidencial de Javier Milei. Esta medida está pensada especialmente para sectores como el radicalismo o gobernadores que no cuentan con un candidato propio a presidente, pero que desean participar en una elección nacional.
Sin embargo, la propuesta de las colectoras ha reabierto un debate interno que persiste en la administración desde 2025 respecto al vínculo con las provincias. La tensión se manifiesta en dos visiones contrapuestas dentro del círculo íntimo presidencial. Por un lado, el sector liderado por el asesor Santiago Caputo y Luis Caputo, quienes abogan por cerrar alianzas macro con representantes provinciales que abarquen los planos legislativo, de gestión y electoral. Desde esta perspectiva, se prioriza la reelección de Milei por sobre cualquier "aventura electoral provincial".
Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus colaboradores cercanos, como los primos Menem, han sostenido una línea basada en la competencia con candidatos propios para fortalecer la marca de La Libertad Avanza, priorizando la identidad del partido por sobre las alianzas estratégicas. Esta diferencia de criterios quedó expuesta en las elecciones legislativas de 2025, donde el sector de Caputo aconsejaba evitar la presentación de listas en algunas provincias para facilitar acuerdos, mientras que la funcionaria apostaba por la competencia directa.
En este contexto, algunos sectores del oficialismo califican la actual necesidad de recurrir a las colectoras como una "buena decisión ante un problema autoinfligido", cuestionando la estrategia previa de acuerdos con los gobernadores. Un ejemplo concreto de este desencuentro fue la ruptura con Gustavo Valdés en Corrientes durante 2025. Fuentes cercanas al despacho presidencial señalan que no tenía sentido romper aquel vínculo para obtener resultados electorales marginales, afectando el acuerdo legislativo y la representación en el Congreso. Bajo esta lógica, consideran que ceder en posiciones provinciales menores es un costo aceptable si permite lograr la eliminación de las PASO, paso que consideran fundamental para la reelección presidencial.
Frente a estas críticas, el sector alineado con Karina Milei defiende sus decisiones basándose en "lecturas líquidas" que se adaptan a la realidad, sosteniendo que su estrategia permitió ampliar la representación legislativa de La Libertad Avanza.
Ante la posibilidad de que el proyecto original de reforma no prospere totalmente, el Gobierno analiza alternativas intermedias. Entre ellas, gana fuerza la opción de suspender las PASO, tal como ocurrió en las legislativas de 2025, o habilitar un sistema de primarias que no sea obligatorio. En este último caso, se buscaría una logística focalizada, realizando elecciones primarias únicamente en aquellas provincias donde exista competencia interna, evitando así la apertura generalizada de escuelas en todo el territorio nacional para reducir costos.
La mesa política se reunirá este miércoles a las 17 horas para discutir estos puntos, tras haber postergado el encuentro por el cronograma mundialista. Aunque algunos integrantes del círculo cerrado consideran que hay tiempo suficiente si la reforma se aprueba antes de diciembre, otros manifiestan impaciencia y critican la especulación de los aliados políticos. El desafío final para la Casa Rosada no es solo modificar las reglas electorales, sino probar su capacidad de tender puentes con los gobernadores sin sacrificar la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza nacional para 2027.
