El panorama político en Venezuela se ha vuelto considerablemente más frágil para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo con un reciente sondeo realizado por la encuestadora AtlasIntel entre el 26 y el 30 de junio, el rechazo hacia su administración ha escalado hasta alcanzar el 63,3%, impulsado en gran medida por la percepción de una respuesta oficial deficiente ante los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.
La gestión del gobierno frente al desastre natural ha sido duramente evaluada por la ciudadanía. El estudio revela que el 65,4% de los encuestados desaprueba la reacción oficial, mientras que un 52,4% la califica directamente como “muy mala” y un 8,3% como mala. Solo el 21% de los consultados mantiene una visión positiva sobre la respuesta gubernamental, mientras que un 15,4% la considera regular.
Este desgaste político se produce en un contexto de profunda fragilidad institucional. Delcy Rodríguez asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro por comandos estadounidenses, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico. Aunque Maduro se había proclamado reelecto en 2024 en un proceso cuestionado por pruebas de fraude electoral, Rodríguez ahora gobierna bajo la sombra del tutelaje de Washington, careciendo de un piso de votos propio y dependiendo críticamente de su desempeño para ganar legitimidad.
El declive en la percepción pública es evidente al analizar la tendencia de los últimos meses. Entre mayo y junio, la desaprobación a la conducción del país por parte de Rodríguez aumentó del 58,7% al 63,3%. En una perspectiva más amplia, la percepción positiva se desplomó 13 puntos porcentuales en solo cuatro meses, bajando del 37% registrado en febrero al 24% en junio.
La crisis se hizo palpable en las primeras 24 horas posteriores a la tragedia sísmica. Antes de la llegada de la ayuda internacional, quedó expuesta la incapacidad del Estado venezolano: ausencia de rescatistas, falta de maquinaria pesada y hospitales desabastecidos de medicamentos. En diversas zonas, se reportó el uso de teléfonos celulares como linternas ante la precariedad de los recursos. En el estado La Guaira, el más afectado, la sociedad civil tuvo que suplir las carencias del Estado, utilizando manos, cuerdas y palas para remover escombros en busca de sobrevivientes, mientras que la autopista de acceso colapsaba debido a la movilización espontánea de ciudadanos que intentaban llevar ayuda.
Esta situación ocurre en un escenario de deterioro estructural previo. Venezuela enfrenta una corrupción rampante, la emigración de ocho millones de personas —incluyendo gran parte de su capital humano calificado—, una hiperinflación acumulada del 102% en lo que va de año y salarios que se ubican entre los más bajos de América Latina. Además, la infraestructura pública y el sistema de salud ya se encontraban en crisis antes de los sismos.
Desde el Poder Ejecutivo, Delcy Rodríguez ha defendido su gestión en rueda de prensa, asegurando que se decretó la emergencia de inmediato, se desplegaron miles de funcionarios y se tramitó la ayuda internacional con rapidez. Asimismo, la presidenta encargada denunció la existencia de “laboratorios mediáticos” destinados a sembrar el caos, afirmando que el gobierno ha hecho todo lo posible y seguirá haciéndolo.
En el plano internacional, el plan de la Casa Blanca para Venezuela contempla las fases de estabilización, recuperación y transición. No obstante, los daños causados por los terremotos, estimados en 6.700 millones de dólares según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han provocado un retroceso en las dos primeras etapas. Se estima que el costo de la reconstrucción podría equivaler al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La demanda de un cambio político sigue siendo la prioridad para la mayoría de la población. El sondeo de AtlasIntel indica que el 45,7% de los encuestados considera que la celebración de nuevas elecciones es la medida más urgente tras la crisis. Por su parte, la encuestadora Delphos, en un estudio realizado a principios de junio, señala que el 87,6% de los venezolanos considera necesario un cambio de gobierno, y de ese grupo, el 61% lo califica como “muy necesario”. Para el 74% de la población, las elecciones son el factor determinante para concretar dicha transición.
En cuanto al liderazgo político, María Corina Machado se consolida como la figura opositora principal, con una imagen positiva del 53%. En contraste, Delcy Rodríguez cuenta con el respaldo del 23%, mientras que Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello alcanzan apenas el 9% cada uno. Machado, quien se encuentra fuera del país desde diciembre tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, ha manifestado su deseo de regresar a Venezuela, aunque no ha recibido el apoyo de Washington para su retorno y se expone a posibles represalias.
Finalmente, Eurasia Group ha advertido que una respuesta inadecuada del gobierno ante la emergencia podría incrementar los costos políticos para Rodríguez, elevando la presión social hacia una transición democrática y alterando el equilibrio político actual entre el gobierno venezolano y la administración de Donald Trump.
