La capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público se encuentra en una situación crítica debido a una serie de decisiones presupuestarias que contrastan drásticamente con los resultados operativos alcanzados recientemente en la lucha contra la inseguridad ciudadana. A pesar de que el Congreso había aprobado una suma de ¢9.300 millones para fortalecer estas instituciones durante el año 2025, la realidad financiera ha sido muy distinta, ya que solo se han girado ¢3.000 millones de dicho monto.
A este escenario de insuficiencia inmediata se suma un anuncio preocupante para el próximo año. Se ha informado que para 2026 se ejecutarán recortes por un monto de ¢8.687 millones. Estos fondos habían sido asignados originalmente con cargo a la subejecución presupuestaria del Poder Judicial, lo que representa un retroceso financiero significativo en un momento donde la lucha contra el narcotráfico y la legitimación de capitales requiere de una consolidación de recursos.
Esta reducción de presupuesto ocurre precisamente cuando el OIJ y el Ministerio Público han comenzado a mostrar resultados tangibles y contundentes. Un ejemplo claro de esta eficacia es el operativo Riverside, el cual es considerado el más grande en la historia del OIJ, el Ministerio Público y los cuerpos policiales. Esta operación masiva requirió la participación de 1.500 funcionarios, quienes llevaron a cabo un total de 97 allanamientos distribuidos en cinco provincias del país.
El alcance del operativo Riverside fue exhaustivo, interviniendo no solo centros de operación de la organización criminal, sino también tres centros penitenciarios y diversas oficinas municipales. Como resultado directo de estas acciones, se logró la detención de 41 personas, de las cuales 18 permanecen actualmente en prisión preventiva.
Para comprender la magnitud de la estructura de legitimación de capitales desmantelada en este operativo, es necesario revisar los activos decomisados. Las autoridades lograron incautar seis hoteles, un redondel, un restaurante, cuatro casas de alquiler turístico, un gimnasio y seis fincas ganaderas. Estos decomisos evidencian la sofisticación de las redes criminales y la capacidad de investigación necesaria para rastrear y asegurar dichos bienes.
Además del operativo Riverside, otras acciones han reforzado la lucha contra el crimen. Destaca la operación Herencia, dirigida contra los cuatro hijos de una persona extraditada, y la operación Turbo. Esta última se enfocó en otra red de narcotráfico e incluyó la ejecución de 23 allanamientos. La operación Turbo estuvo vinculada a un imputado relacionado en 2025 con el decomiso de cuatro toneladas de cocaína. Asimismo, se registró la detención del presidente del Municipal de Liberia, quien fue capturado ante una solicitud de extradición.
Estos esfuerzos, sumados a mejoras en la coordinación interinstitucional, han empezado a reflejarse en las estadísticas de seguridad nacional. Por primera vez se proyecta una reducción en el número de homicidios y se ha logrado una disminución significativa, del 76,5%, en los casos de fraude informático.
Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros está en riesgo. Los recursos que han sido recortados o no girados eran fundamentales para el crecimiento operativo de las instituciones. Específicamente, dichos fondos permitirían la contratación de 176 nuevas plazas, junto con el equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.
Además, la falta de presupuesto impide la apertura de oficinas en zonas críticas y estratégicas del país. Lugares como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez requieren presencia institucional urgente. El caso de Puerto Jiménez es especialmente delicado y prioritario tras el retiro de la Policía de Guardacostas de dicha zona.
En conclusión, reducir los recursos financieros del OIJ y del Ministerio Público en un momento donde se podría consolidar un punto de inflexión contra el narcotráfico y la legitimación de capitales representa un riesgo para la seguridad nacional. La contradicción entre los logros operativos alcanzados y la decisión de recortar el presupuesto plantea serios interrogantes sobre la prioridad que se le está otorgando a la seguridad ciudadana.
