El Poder Ejecutivo Nacional ha trazado un ambicioso plan para reestructurar el mapa judicial del país antes de que finalice el año. El objetivo central es cubrir la totalidad de las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluyendo plazas estratégicas en la Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales. Según fuentes oficiales, la Casa Rosada busca asegurar que el 40 por ciento del Poder Judicial esté integrado por postulantes propios.
Para alcanzar esta meta, el Gobierno prevé enviar la totalidad de los pliegos antes de diciembre. Hasta el momento, ya se han remitido casi 140 expedientes al Senado. La estrategia implica tratar entre 20 y 30 pliegos por cada sesión legislativa, con una primera fecha prevista para el 16 de julio y audiencias programadas para el mes de agosto.
Junto a este despliegue de nombramientos, el Gobierno impulsa una propuesta que modificaría la estructura del Ministerio Público Fiscal: acortar el mandato del Procurador General de la Nación. Actualmente, este cargo es vitalicio hasta los 75 años, al igual que el de los jueces. La intención es terminar con este carácter vitalicio y establecer un sistema de dos períodos, aunque todavía no se ha definido si estos serían de 4, 5 o 6 años.
Esta iniciativa responde a la implementación del sistema acusatorio, que otorga a los fiscales la responsabilidad de la investigación de los delitos. En este contexto, el Gobierno considera que el Procurador General concentraría un poder excesivo, ya que posee la facultad de controlar y designar a los fiscales que deciden si se prosigue o no con una acción penal. Cabe destacar que el cargo de Procurador General está vacante desde 2017 y es ocupado interinamente por el procurador adjunto, Eduardo Casal.
En paralelo, existe un proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Moisés que propone un mandato de 8 años con opción a 4 más, manteniendo el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación. Esta propuesta ha comenzado a circular en despachos judiciales y se ha convertido en una pieza de negociación para facilitar acuerdos sobre el eventual candidato al cargo.
Respecto a la Corte Suprema de Justicia, el Presidente aún no ha resuelto si cubrirá las dos vacantes pendientes durante el segundo semestre de este año o si postergará la decisión hasta 2028. Ante esta indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, solicitó a Javier Milei que los candidatos provengan del Poder Judicial y no del ámbito político, sugiriendo específicamente que sean provenientes de la justicia federal para mantener el equilibrio, dado que las últimas vacantes fueron cubiertas por candidatos de la justicia nacional.
Entre los nombres que han vuelto a sonar para integrar la Corte se encuentran los del juez Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, así como María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica.
En cuanto a la Cámara Federal, el Gobierno se prepara para enviar pliegos para cubrir las vacantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los nombres más fuertes para estas propuestas son Pablo Yadarola, cercano al ministro Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona. Asimismo, se prevé la apertura de una tercera vacante debido a que el juez Martín Irurzun cumplirá 75 años el 18 de julio y su pliego no ha sido elevado para una reválida.
Esta reconfiguración de la Cámara Federal ha generado tensiones internas. Se menciona que Mariano Llorens aspira a formar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, lo que dejaría aislado al juez Roberto Boico, quien contó con apoyo del kirchnerismo.
Por otro lado, persiste el conflicto interno en la Corte Suprema. Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz han reclamado cambios en el reglamento de concursos para hacer las designaciones más transparentes, así como la creación de un nuevo Código de Ética para los magistrados. Sin embargo, estas propuestas se encuentran congeladas en el Consejo de la Magistratura, encabezado por Horacio Rosatti.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura enfrenta sus propias tensiones ante las elecciones de fin de año. El presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, ha manifestado su deseo de ser reelecto mediante una medida cautelar, a pesar de que la ley del Consejo lo prohíbe. Esta postura ha generado rechazo tanto en sectores del kirchnerismo —con notas enviadas por Vanesa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tahilade— como en la organización Será Justicia y en el seno de la propia Corte Suprema.
