El panorama político colombiano se ha visto sacudido esta semana tras el polémico pronunciamiento del excandidato presidencial y futuro senador, Iván Cepeda. El líder político ha hecho un llamado a la "desobediencia civil pacífica", una postura que ha generado una ola de críticas entre diversos sectores que califican la medida como imprudente, temeraria y potencialmente peligrosa para la estabilidad del país.
El detonante de esta controversia se remonta al pasado martes, cuando Cepeda exigió al presidente electo, Abelardo De la Espriella, que renuncie a su nacionalidad estadounidense y aclare su grado de colaboración con la justicia de los Estados Unidos en el caso del empresario colombovenezolano Alex Saab antes de asumir el cargo el próximo 7 de agosto. Según Cepeda, de no cumplirse estas condiciones, emprenderá el camino de la desobediencia civil, lo que implicaría no reconocer la autoridad de alguien que, a su juicio, no responde a la defensa de la soberanía nacional.
El argumento central de Cepeda radica en que la nacionalidad estadounidense impone obstáculos jurídicos, éticos y políticos. El líder sostiene que el juramento realizado para adquirir dicha nacionalidad conlleva compromisos y deberes con el gobierno de EE. UU. que resultan incompatibles con las obligaciones inherentes a la presidencia de Colombia. En este sentido, advirtió que, ante cualquier conflicto de soberanía constitucional entre ambos países, De la Espriella se vería obligado a priorizar los intereses de Estados Unidos.
Ante este escenario, EL HERALDO consultó a una serie de expertos para analizar los alcances de esta declaración. Jorge Bolívar Berdugo, sociólogo, abogado y PHD en Filosofía y Ciencia Política, definió la desobediencia civil como el incumplimiento consciente, público y pacífico de normas estatales basado en razones éticas o políticas, sin recurrir a la violencia. No obstante, Berdugo advirtió que esta figura no está regulada como un mecanismo jurídico formal para invalidar decisiones del Estado, suspender autoridades o desconocer procesos electorales.
El experto señaló que, en un contexto de alta polarización, este llamado puede interpretarse como un desconocimiento de los resultados electorales y una incitación al desorden público. Asimismo, alertó sobre las posibles repercusiones legales para el propio Cepeda, quien podría enfrentar investigaciones penales por delitos como instigación para delinquir, asonada o sedición, si el llamado deriva en bloqueos violentos o ataques contra las instituciones. Además, al ser servidor público y futuro congresista, Cepeda podría enfrentar procesos disciplinarios y éticos.
Desde una perspectiva académica, Luis Felipe Vega, profesor de la Universidad Javeriana, vinculó la postura de Cepeda con el pensamiento del filósofo John Rawls, sugiriendo que se intenta abrir un mecanismo de presión cuando los canales institucionales se perciben como agotados para garantizar los derechos de oposición.
Por otro lado, surgió la propuesta de León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, quien sugirió la creación de un "gabinete en la sombra" por parte del Pacto Histórico para analizar las políticas del nuevo Gobierno y formular alternativas técnicas. Valencia destacó que existe una transformación en la izquierda colombiana, señalando que mientras en los años 60 y 70 la anomalía de un presidente con juramento a la Constitución de EE. UU. motivaba a la insurgencia armada, hoy impulsa llamados a la desobediencia civil pacífica.
Esta visión fue matizada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien afirmó que el progresismo debe responder desde las instituciones y el debate público, basándose en datos y hechos, y no mediante el retiro de la discusión nacional, especialmente frente a un gobierno electo que, según Palma, se encuentra inmerso en una "batalla cultural".
La analista Sandra Borda criticó duramente la estrategia de Cepeda, calificándola como una "oposición desleal" y una forma de "extorsión". Aunque Borda coincide en que es inconveniente que la Constitución permita la doble ciudadanía para el presidente, sostuvo que cualquier cambio debe realizarse mediante una reforma legal y no mediante presiones al mandatario electo.
Finalmente, expertos en seguridad y derecho internacional cuestionaron la coherencia del llamado. Cesar Niño, profesor de la Universidad Militar, subrayó la contradicción de que Cepeda se declare en desobediencia civil mientras aún rige el gobierno de Gustavo Petro y mientras planea asumir una curul en el Senado. Niño argumentó que no es coherente desconocer la legitimidad de un actor político y, al mismo tiempo, utilizar las figuras políticas del sistema para oponerse a él. En la misma línea, el exministro Wilson Ruiz calificó la acción de Cepeda como un "chantaje" y un acto de "deslegitimación preventiva" de la autoridad antes incluso de que esta tome su primera decisión.
