El juez federal Ariel Lijo ha dictado una medida cautelar que obliga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a informar previamente a la Justicia cualquier intención de abandonar el territorio argentino. Esta disposición judicial establece que el exfuncionario deberá notificar sus planes de viaje para que los tribunales competentes puedan analizar y evaluar la "pertinencia y razonabilidad" de cada desplazamiento fuera de las fronteras nacionales.
La resolución judicial se produce en un momento de particular sensibilidad política y judicial. Tras su renuncia a la coordinación del gabinete del presidente Javier Milei, circularon diversas versiones periodísticas que indicaban que Adorni habría manifestado a personas de su entorno cercano el deseo de trasladar su residencia al Uruguay. Estas informaciones habrían alertado a los investigadores sobre la posibilidad de un desplazamiento permanente.
De acuerdo con la información disponible, la medida fue impulsada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien se encuentra al frente de la investigación centrada en el patrimonio del exvocero presidencial. Si bien el fiscal Pollicita descartó explícitamente que exista un peligro inminente de fuga o que el imputado haya intentado entorpecer el avance de la causa, consideró que la notificación previa de los viajes es una medida prudente y necesaria dada la etapa procesal en la que se encuentra la investigación.
Por su parte, la defensa de Manuel Adorni, representada por el abogado Matías Ledesma, ya ha intervenido ante la Justicia. Ledesma informó a los tribunales que su cliente permanece en el país y que no posee intenciones de cruzar las fronteras en el corto plazo, intentando así neutralizar las sospechas sobre una posible partida hacia el exterior.
La situación judicial de Adorni ha generado pedidos más severos por parte de otros actores. El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, quienes actúan como denunciantes, habían solicitado al juzgado la detención inmediata del exfuncionario o, en su defecto, la prohibición total de salida del país junto con la retención de su pasaporte. Sin embargo, tanto el juez Lijo como el fiscal Pollicita rechazaron estos planteamientos, considerando que no se cumplían los requisitos para medidas tan restrictivas.
Para fundamentar el rechazo de la detención, el fiscal Pollicita destacó que el exfuncionario no ha opuesto reparos ni ha generado dilaciones en el desarrollo de la causa. Asimismo, se tomó en cuenta que Adorni no habría influido en la declaración del contratista Matías Tabar, quien fue la persona encargada de llevar a cabo las remodelaciones en la vivienda del exvocero ubicada en el country Indio Cuá, obras que habrían tenido un costo de al menos 245.000 dólares.
En las próximas semanas, Manuel Adorni enfrentará una etapa crucial de la investigación, ya que deberá brindar sus primeras explicaciones formales ante los tribunales. El fiscal Pollicita está preparando un requerimiento de justificación patrimonial. Este pedido se basará en un informe financiero detallado que permitirá a la Justicia determinar si existen inconsistencias entre los ingresos legales del exfuncionario y la fortuna que posee.
En el ámbito público, el exvocero ya ha adelantado una versión sobre sus activos, afirmando que posee 500.000 dólares "en negro" que en el pasado fueron criptomonedas. No obstante, esta declaración aún no ha sido verificada judicialmente ni respaldada por pruebas documentales. En caso de que este descargo no logre disipar las sospechas sobre el origen de sus fondos, el siguiente paso procesal sería la citación a una declaración indagatoria.
La investigación ha sumado nuevos elementos recientemente tras las declaraciones de tres empleados de la Vocería Presidencial. Estos testigos afirmaron bajo juramento que prestaron sus nombres o sus tarjetas de crédito personales a Manuel Adorni para que este pudiera realizar compras millonarias. Según los testimonios, esta modalidad habría sido utilizada para ocultar gastos personales que el exfuncionario no podría haber justificado con sus ingresos legales declarados.
