En un clima de creciente tensión política en Tegucigalpa, el asesor presidencial Marvin Ponce ha vuelto a lanzar graves acusaciones contra sectores del Partido Liberal. El funcionario gubernamental denunció este viernes que diversos diputados pertenecientes a dicha bancada estarían solicitando sumas de dinero a cambio de emitir su voto a favor de las reformas energéticas que actualmente impulsa el Poder Ejecutivo.
Esta situación ha puesto de relieve la compleja relación entre el Gobierno y el Legislativo, especialmente en lo que respecta a la aprobación de leyes clave para el sector energético. Según las declaraciones de Ponce, la solicitud de pagos irregulares para asegurar el respaldo legislativo es una práctica que ha surgido en el marco de las negociaciones para el paquete de reformas. En el ámbito político local, este tipo de transacciones clandestinas son conocidas coloquialmente bajo el término “tilín tilín”, una expresión que describe el intercambio de favores económicos por votos en el Congreso Nacional.
El asesor presidencial fue enfático al señalar que al menos cinco diputados del Partido Liberal han incurrido en estas solicitudes monetarias. Esta denuncia no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de fricciones que han impedido que el proyecto de ley avance satisfactoriamente. Ante la gravedad de las imputaciones, Ponce dejó claro que no tiene intenciones de retractarse ni de pedir disculpas por sus palabras, manteniendo una postura firme sobre la veracidad de sus afirmaciones.
En un tono irónico, el funcionario manifestó que solo pediría disculpas a aquellos diputados del Partido Liberal que actúan con honestidad, marcando así una distinción clara entre los miembros íntegros de la bancada y aquellos a quienes acusa de corrupción. Ponce reiteró que no solicitará perdón a quienes él califica como “corruptos”, asegurando que la información que posee es de primera mano y totalmente confiable, lo que sustenta su decisión de hacer públicas estas denuncias.
Desde la contraparte, la reacción no se hizo esperar. Jorge Cálix, quien se desempeña como jefe de la bancada del Partido Liberal, respondió a las acusaciones exigiendo que el asesor presidencial proporcione los nombres específicos de los legisladores implicados. Cálix argumentó que, para poder aplicar las sanciones correspondientes y llevar a cabo un proceso interno de transparencia, es indispensable contar con la identidad de los señalados, ya que las acusaciones generales no permiten ejecutar acciones disciplinarias concretas.
A pesar de esta solicitud de nombres, Marvin Ponce defendió la calidad de sus fuentes y volvió a insistir en que existen diputados liberales que “venden sus votos”. Esta confrontación verbal refleja la profunda división que existe no solo entre los partidos, sino dentro del propio Partido Liberal, cuya postura frente a las reformas energéticas ha sido inconsistente.
El impacto de estas tensiones se ha manifestado directamente en los resultados legislativos. El paquete de reformas energéticas no logró superar el tercer debate en el Congreso Nacional debido a la falta de consensos políticos necesarios para alcanzar el umbral de los 65 votos requeridos para su aprobación. Actualmente, el partido oficialista cuenta con 49 votos, lo que los deja cortos para aprobar la medida por cuenta propia, obligándolos a buscar el apoyo de otras fuerzas políticas.
El Partido Liberal, que posee 41 votos en el pleno, se encuentra dividido internamente sobre el tema, lo que ha impedido que se concrete el apoyo necesario para llegar a la cifra de 65 sufragios. Esta fragmentación, sumada a las denuncias de solicitudes de dinero, ha creado un estancamiento legislativo que mantiene en suspenso las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. El escenario actual muestra un Congreso Nacional donde la aritmética electoral y las acusaciones de corrupción se entrelazan, dificultando la implementación de las políticas energéticas del Gobierno.
