La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una serie de actuaciones inspectoras que afectan directamente al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como a su entorno familiar más cercano. Las comprobaciones fiscales alcanzan a su esposa, María Sonsoles Espinosa, y a sus hijas, Alba y Laura Zapatero, centrándose en la revisión de sus obligaciones tributarias durante el periodo comprendido entre los años 2021 y 2024. Esta información ha sido remitida formalmente al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien actualmente lidera las pesquisas judiciales relacionadas con el denominado caso Plus Ultra.
Estas investigaciones de carácter tributario se desarrollan de manera paralela al avance de una causa judicial que analiza la posible existencia de vínculos entre diversas personas y empresas que habrían realizado labores de intermediación ante organismos públicos en beneficio de terceros. Dentro de este complejo entramado de investigaciones judiciales, figuran como investigados el propio expresidente, sus dos hijas y el empresario Julio Martínez Martínez.
Según se desprende de la documentación enviada al magistrado, la Agencia Tributaria mantiene abiertas actuaciones inspectoras de carácter general con el objetivo de revisar diversos tributos. Entre los impuestos bajo escrutinio se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes a varios ejercicios fiscales recientes. En el caso específico de José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa, las actuaciones habrían comenzado a mediados del mes de junio.
Además de los impuestos habituales, la administración fiscal está analizando aspectos relacionados con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Este tributo, diseñado para gravar las patrimonios más elevados, forma parte del alcance de las comprobaciones efectuadas por el organismo fiscal sobre el núcleo familiar del antiguo mandatario.
Un punto crítico de este proceso es la coordinación entre la vía administrativa y la vía penal. La Administración tributaria ha consultado formalmente al juez José Luis Calama para determinar si las inspecciones deben continuar su curso normal o si, por el contrario, deben quedar suspendidas temporalmente debido a que existe una investigación penal en curso sobre los mismos hechos o personas. La Agencia Tributaria ha advertido que una posible paralización de las inspecciones tendría consecuencias directas sobre los plazos legales de prescripción de posibles deudas fiscales, lo que podría impedir la recaudación de importes si el proceso penal se prolonga excesivamente.
Las actuaciones fiscales no se limitan a los progenitores, sino que alcanzan igualmente a Alba y Laura Zapatero. Sus declaraciones de IRPF están siendo examinadas minuciosamente por los inspectores de Hacienda. Asimismo, el organismo fiscal está analizando la actividad económica de la sociedad What the Fav, una empresa vinculada a ambas hijas del expresidente.
En el ámbito de la investigación judicial, el juez Calama estudia si la mencionada compañía, What the Fav, pudo haber desempeñado un papel relevante en operaciones económicas relacionadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. La hipótesis que se analiza en el juzgado incluye la posibilidad de que esta sociedad hubiera sido utilizada para canalizar determinados pagos. No obstante, es fundamental señalar que la existencia de esta investigación no implica culpabilidad alguna ni supone una resolución definitiva sobre los hechos.
El círculo de inspecciones se amplía también al empresario Julio Martínez Martínez, considerado una persona próxima al expresidente. La Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana ha abierto comprobaciones sobre sus declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios entre 2021 y 2024.
De forma paralela, Hacienda examina la información fiscal de más de una decena de compañías, incluyendo sociedades que ya están integradas en la investigación judicial. Entre ellas destaca Idella Consulenza, empresa relacionada con Julio Martínez, la cual aparece mencionada en la causa debido a un contrato de asesoramiento suscrito con la aerolínea Plus Ultra.
Tras recibir todas estas comunicaciones por parte de la Agencia Tributaria, el magistrado José Luis Calama ha decidido trasladar la cuestión a la Fiscalía. El objetivo es que este organismo emita un informe técnico sobre la conveniencia de mantener activas las inspecciones fiscales mientras el procedimiento penal sigue su curso. La decisión final será clave para coordinar ambas vías de investigación y evitar interferencias procesales.
La apertura de estas inspecciones fiscales sobre un expresidente del Gobierno y su familia añade una nueva dimensión a una causa que ya cuenta con una fuerte atención mediática. Las pesquisas buscan aclarar si existieron actuaciones irregulares en labores de intermediación y en la gestión de operaciones empresariales vinculadas al caso Plus Ultra. Hasta el momento, las actuaciones se encuentran en fase de investigación y no existe ninguna resolución judicial firme sobre los hechos. Sin embargo, la intervención conjunta de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Agencia Tributaria posiciona este proceso como uno de los asuntos de mayor impacto político y económico en la actualidad española.
