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JEE Lima Centro reconoce error en inscripción de candidatos de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió un error administrativo al no detectar que Leo Miguel De Paz y Aldo Antonio Bravo, postulantes al concejo municipal por Renovación Popular, ya habían sido proclamados como diputados de la República.

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JEE Lima Centro reconoce error en inscripción de candidatos de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro ha emitido un documento oficial en el que admite una falla en sus procesos de fiscalización. A través de una razón de secretaría, el organismo electoral reconoció que el personal jurisdiccional no llevó a cabo un control riguroso al momento de admitir la lista de candidatos municipales presentada por el partido Renovación Popular.

De acuerdo con la información detallada en el documento, se permitió la inscripción de Leo Miguel De Paz Lancho y Aldo Antonio Bravo Quispe como candidatos a regidores para la Municipalidad Provincial de Lima. Sin embargo, el organismo ha admitido que ambos ciudadanos ya contaban con la credencial de diputados electos para el periodo legislativo 2026-2031, lo que generaba una situación de incompatibilidad según la normativa vigente.

La cronología de los hechos revela una contradicción temporal en los procesos administrativos del organismo. La proclamación oficial de los resultados de la elección de diputados y senadores fue realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 19 de junio. No obstante, casi dos semanas después, el 30 de junio, el pleno del JEE Lima Centro emitió una resolución mediante la cual admitía la solicitud de inscripción de la lista municipal de Renovación Popular, omitiendo la condición de los mencionados candidatos.

El informe oficial, suscrito por Génesis Andreina Chivilchez Guerrero, quien se desempeña como secretaria jurisdiccional del JEE Lima Centro, identifica específicamente la Resolución N.° 04301-2026-JEE-LICN/JNE como el instrumento legal donde se cometió la omisión. En dicho texto se detalla que la admisión de la lista municipal ignoró que dos de sus integrantes ya habían sido asignados a cargos públicos mediante la proclamación oficial previa.

En el cuerpo del informe se advierte que el personal encargado de la revisión de los expedientes no logró detectar la duplicidad de cargos de De Paz Lancho y Bravo Quispe. Esta falta de diligencia permitió que la postulación al concejo provincial procediera sin que se aplicaran las observaciones que la ley electoral exige estrictamente para los casos de incompatibilidad derivados de cargos legislativos ya obtenidos. El documento es explícito al señalar que "el personal jurisdiccional no realizó un filtro adecuado de dichos candidatos al momento de evaluar el expediente de inscripción de lista".

Este escenario ha tenido repercusiones inmediatas en la composición de la lista del partido. El pasado miércoles, Aldo Antonio Bravo Quispe formalizó su renuncia a la candidatura de regidor para Lima ante el JNE. Esta decisión se produjo luego de que el organismo electoral declarara la improcedencia de la candidatura a primer regidor de Lima de Rafael López Aliaga, líder y principal figura de Renovación Popular.

Ante estos hechos, Bravo Quispe utilizó su cuenta en la red social X para manifestar su descontento y cuestionar la coherencia de la justicia electoral. El ahora diputado expresó su rechazo al hecho de que su propia inscripción hubiera sido admitida inicialmente, mientras que la de López Aliaga fuera rechazada por el mismo organismo.

En su publicación, Bravo Quispe afirmó que "la animadversión de la justicia electoral contra Rafael López Aliaga ha quedado en evidencia", resaltando que le resulta llamativo que se declarara improcedente la inscripción de López Aliaga como primer regidor, mientras que en su caso, a pesar de haber sido elegido Diputado de la República, la solicitud sí resultó admitida en primera instancia.

Finalmente, el candidato renunciante calificó este trato como una "arbitrariedad" y un "trato desigual". Bravo Quispe sostuvo que la justicia electoral tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de participación política de los peruanos sin distinción, evitando vulnerar o restringir dicho derecho, cerrando así su postura crítica frente a las decisiones del organismo electoral.

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