El Gobierno encabezado por José María Balcázar ha oficializado la declaración en estado de emergencia de diversos distritos ubicados en múltiples provincias, abarcando un total de 22 departamentos del territorio nacional. Esta decisión administrativa busca establecer un marco legal que permita la ejecución de acciones inmediatas para mitigar los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas que se prevén para el país.
La base legal de esta medida se encuentra plasmada en el Decreto Supremo 097-2026-PCM, el cual fue publicado este jueves en el diario oficial El Peruano. A través de este dispositivo legal, el Ejecutivo establece las directrices necesarias para enfrentar el peligro generado por las intensas lluvias proyectadas debido a la incidencia del Fenómeno El Niño. Según la información técnica detallada en el documento, se espera que este fenómeno meteorológico pueda prolongarse hasta el verano del año 2027, presentando una intensidad que oscilaría entre moderada y fuerte.
En cuanto a la vigencia de esta medida extraordinaria, el decreto es preciso al señalar que el estado de emergencia regirá por un plazo determinado de 60 días. Este periodo permitirá a las autoridades competentes desplegar los recursos y las estrategias necesarias para salvaguardar la integridad de la población y la infraestructura en las zonas más vulnerables.
La magnitud de la alerta es amplia, ya que los distritos declarados en emergencia se distribuyen a lo largo de casi toda la geografía peruana. Específicamente, la medida alcanza a los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, incluyendo además a la Provincia Constitucional del Callao.
Para asegurar que las acciones de mitigación y seguridad se lleven a cabo de manera eficiente, el Decreto Supremo establece una estructura de responsabilidades clara. La ejecución de las medidas de seguridad y las tareas de mitigación frente a los efectos del Fenómeno El Niño recaen directamente sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales de las zonas comprendidas en la declaratoria. No obstante, estas entidades subnacionales no actuarán de forma aislada, sino que deberán operar bajo la estricta coordinación y supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
El esquema de respuesta gubernamental no se limita únicamente a los niveles regionales y locales. El documento legal resalta que las acciones emprendidas contarán con la participación activa de los diversos ministerios, asegurando así un enfoque multisectorial para enfrentar la emergencia climática. Esta colaboración interinstitucional busca optimizar la capacidad de respuesta del Estado ante la posible intensificación de las lluvias.
Un punto fundamental resaltado en el dispositivo legal es la continuidad de los esfuerzos ya emprendidos. El Gobierno ha dispuesto que se dará seguimiento y continuidad a todas aquellas acciones de reducción de riesgo, respuesta y rehabilitación que ya hubieran sido iniciadas previamente. De esta manera, se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y potenciar los proyectos de prevención que ya se encuentran en curso en las regiones afectadas.
En resumen, la declaratoria de emergencia mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM constituye la respuesta formal del Gobierno de José María Balcázar ante la amenaza del Fenómeno El Niño. Con la movilización de los gobiernos locales, regionales, los ministerios y la supervisión de Indeci, el Estado busca anticiparse a los efectos de las lluvias intensas que podrían afectar al país durante los próximos meses y hasta el verano de 2027.
