El debate sobre la obtención de la nacionalidad española por parte de los descendientes de ciudadanos que emigraron durante la Guerra Civil y la posguerra ha vuelto al centro de la escena política y jurídica. A cuatro años de la aprobación de la denominada 'ley de nietos' —que técnicamente constituye una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática—, la controversia se ha intensificado tras el cierre del plazo de presentación de solicitudes el pasado mes de octubre. La revelación de que cerca de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad ha provocado una reacción tajante de la oposición, que denuncia una alteración deliberada del censo electoral.
El núcleo del conflicto radica en la discrepancia entre lo aprobado por el Congreso y la forma en que se ha ejecutado la norma. Mientras que la disposición de la ley exigía acreditar que el exilio se hubiera producido por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación de identidad sexual, una instrucción posterior del Ministerio de Justicia amplió este criterio. Dicha instrucción permitió la solicitud de nacionalidad basándose en cualquier circunstancia que hubiera motivado el exilio, omitiendo la restricción original. Este punto es especialmente sensible dado que el Congreso había rechazado expresamente una enmienda presentada por Ciudadanos que pretendía incluir los motivos económicos como causa válida para el exilio.
Ante esta situación, se han abierto tres frentes jurídicos principales para intentar frenar o revisar el proceso. El primero se libra en el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. Actualmente, existen dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática, interpuestos por Vox y el Partido Popular, respectivamente. Según se ha confirmado, solo el recurso de Vox impugna específicamente la disposición adicional octava, la 'ley de nietos'. Este recurso, asignado a la magistrada Concepción Espejel, es el de cabecera y deberá resolverse antes que el del PP, que está a cargo del magistrado Ramón Sáez. No obstante, los plazos judiciales sugieren que el Pleno no abordará este asunto al menos hasta el otoño.
En el recurso de Vox, uno de los ejes centrales es la impugnación del concepto de 'víctima'. La formación sostiene que la ley establece una diferenciación ideológica inconstitucional y critica que no se haya fijado una limitación en el grado de parentesco para los descendientes que acceden a los derechos reconocidos.
El segundo frente se encuentra en el Ministerio de Justicia. Vox ha solicitado a la Secretaría de Estado que revise de oficio y suspenda la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2022, argumentando que una instrucción administrativa no puede ampliar ilegalmente el alcance de una ley aprobada por el Parlamento. Esta postura es compartida por constitucionalistas como Agustín Ruiz Robledo, quien califica la instrucción de «claramente ilegal» al modificar requisitos fijados por una norma con rango legal. En este contexto, la organización Hazte Oír ha presentado una querella contra Sofía Puente, autora de la instrucción, por presunta prevaricación administrativa.
A pesar de estas acciones, las fuentes jurídicas sugieren que es poco probable que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspenda la instrucción ahora que el trámite de solicitudes ha concluido. En ocasiones anteriores, el TSJM ya había rechazado suspender dicha instrucción o había inadmitido recursos por falta de legitimación.
Finalmente, el tercer frente se desarrolla ante la Junta Electoral Central (JEC). Iustitia Europa y Vox han solicitado la suspensión del voto por correo para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la revisión del proceso de admisión desde el extranjero, calificándolo de «opaco». Vox pide que el voto sea presencial en los consulados para garantizar la identidad del elector y ha solicitado auditar las inscripciones masivas, así como revisar los contratos de externalización con la empresa Neoris y el grupo estatal cubano Palco.
Desde el Ministerio de Exteriores se ha aclarado que las solicitudes se tramitan en oficinas consulares y que, aunque la ley permite el encargo de actuaciones auxiliares, las resoluciones finales dependen exclusivamente del personal funcionario consular. Por su parte, la JEC tiene competencias limitadas al censo, aunque puede instruir a la Oficina del Censo Electoral para revisar posibles inscripciones fraudulentas.
Dada la complejidad y los tiempos de la justicia, es probable que cualquier resolución que busque revertir el proceso no sea inmediata, sino que ocurra 'a posteriori', revirtiendo nacionalidades ya concedidas.
