Los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, Eduardo Durán y Mauro González, han formalizado una solicitud dirigida al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, perteneciente al Partido Republicano, con el objetivo de que el Gobierno otorgue la suma urgencia a un proyecto de ley orientado a combatir las estructuras económicas del crimen organizado. La iniciativa legislativa busca sancionar específicamente la explotación económica del comercio sexual ajeno, la facilitación de plataformas digitales para la oferta de estos servicios y las diversas modalidades de extorsión vinculadas a esta actividad.
Esta solicitud parlamentaria surge como respuesta directa a revelaciones efectuadas por la Policía de Investigaciones (PDI), las cuales fueron difundidas a través de un artículo del diario La Tercera. En dicha información, se develó la existencia de un vínculo operativo entre la prostitución y la organización criminal conocida como el Tren de Aragua (TDA) dentro de la Región Metropolitana. Según las investigaciones conducidas por los detectives, se detectó que trabajadoras sexuales de nacionalidad venezolana estaban actuando como informantes para el Tren de Aragua. La función de estas personas consistía en entregar datos sobre hombres que, posteriormente, se convertían en víctimas de secuestros, evidenciando una peligrosa intersección entre el comercio sexual y el crimen organizado transnacional.
Ante la gravedad de estos hallazgos, los parlamentarios de RN pidieron al secretario de Estado que el proyecto de ley pueda ser discutido en el Congreso en los próximos días. Es importante destacar que esta iniciativa no es exclusiva de Renovación Nacional, sino que fue presentada por su bancada en conjunto con parlamentarios tanto oficialistas como de la oposición. En el oficio enviado al ministro, los diputados subrayan que la transversalidad de sus patrocinantes, sumada a la gravedad del fenómeno abordado y el enfoque en las bases económicas del crimen organizado, convierte a este proyecto en una oportunidad concreta para avanzar en una agenda de seguridad que cuenta con un amplio respaldo político.
Desde el punto de vista técnico y legal, la iniciativa propone introducir una regla de agravación en el artículo 161-E del Código Penal. Específicamente, se busca aumentar en un grado las penas de los delitos ya contemplados en los artículos 161-B y 161-D, siempre que estas conductas se lleven a cabo con ocasión de la contratación, el pago o la prestación de servicios sexuales remunerados. De esta manera, se pretende que la ley castigue con mayor severidad aquellos delitos que se produzcan en el contexto de estas transacciones.
Asimismo, el proyecto pone especial énfasis en combatir el chantaje y la extorsión. Se busca sancionar con mayor dureza a quienes amenacen a personas con la divulgación de antecedentes, imágenes o registros vinculados a la adquisición de servicios sexuales. Esta medida responde a la creciente problemática de extorsiones donde se utiliza la privacidad de los usuarios como herramienta de presión económica.
Complementariamente, la propuesta legislativa incorpora la creación de nuevas figuras penales. Estas están destinadas a sancionar la explotación económica del comercio sexual ajeno en personas adultas, así como la administración, explotación, facilitación o puesta a disposición de cualquier medio para ofrecer o concertar servicios sexuales. Esto incluye no solo sitios web y plataformas digitales, sino también aplicaciones, publicaciones impresas y otros medios de comunicación. Además, el proyecto contempla sanciones para quienes faciliten inmuebles destinados a la realización de dicha actividad.
Finalmente, los diputados Schalper, González y Durán sostienen en su oficio que el impulso de este proyecto permitiría al Ministerio de Seguridad Pública desplegar una agenda legislativa concreta y orientada a atacar las bases económicas y operativas del crimen organizado. Los parlamentarios estiman que, si el Ejecutivo apoya la tramitación de esta ley, quedaría en evidencia la voluntad real del Gobierno de implementar iniciativas que permitan golpear estructuralmente a las organizaciones criminales que operan en el país.
