El escenario político se ha tensado tras la revelación de los hallazgos realizados por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión del gobierno. Según la información entregada, el organismo identificó que más de 5,4 billones de pesos fueron transferidos a diversas fundaciones, montos que, bajo los marcos normativos, debieron haber sido objeto de un proceso formal de rendición de cuentas. De esa cifra, el reporte advierte que más de 1,4 billones de pesos no cuentan con la acreditación correspondiente de dicha rendición.
Ante la gravedad de estas cifras, diversos sectores de la oposición han solicitado que se inicien investigaciones exhaustivas para esclarecer el destino de los fondos públicos. No obstante, el pedido de transparencia ha venido acompañado de una fuerte advertencia sobre la oportunidad del anuncio. Varios parlamentarios han señalado que la difusión de estos datos ocurre en un momento crítico para el Ejecutivo, sugiriendo que la información podría estar siendo utilizada estratégicamente.
La diputada Tatiana Urrutia, representante del Frente Amplio (FA), manifestó su postura respecto a la situación, asegurando que se debe investigar todo aquello que sea necesario, ya que nadie puede estar por encima del deber de rendir cuentas. Sin embargo, Urrutia fue tajante al señalar que, a su juicio, resulta evidente que el Gobierno pretende utilizar cada hallazgo de auditoría como una "cortina de humo" para desviar la atención de problemas actuales.
En su análisis, la parlamentaria sostuvo que el anuncio se produce en un contexto desfavorable para el Ejecutivo, situándose a solo un día de perder el tongo de la acusación constitucional y a una semana de quedar expuesto por el manejo del caso relativo a los niños migrantes. Urrutia afirmó que el Gobierno busca instalar un titular mediático para mantener el foco en la administración anterior y evitar el debate sobre la realidad actual, la cual describió como una economía que se enfría, una pérdida de empleos, una agenda débil contra la delincuencia y una reforma que, según sus palabras, avanza silenciosamente y empobrecerá al país.
En una línea de pensamiento similar, la diputada del PPD, Andrea Parra, reconoció que el financiamiento de las fundaciones ha representado un verdadero "dolor de cabeza". No obstante, advirtió que esta noticia no debe servir para desviar la atención de las cifras laborales y económicas negativas que se han conocido en los últimos días. Parra fue crítica respecto a la forma en que se ha manejado la información, señalando que si el Gobierno descubrió estas transferencias millonarias, lo correcto sería realizar las denuncias e investigaciones a través de las instituciones correspondientes, en lugar de ventilar los datos por la prensa para cubrir los problemas de la administración actual. La diputada calificó de "sospechoso" el momento exacto en que se hace pública esta auditoría.
Por su parte, el timonel del PPD, Raúl Soto, también se sumó al pedido de investigación, aunque enfatizó la necesidad de evitar que el caso se transforme en una nueva polémica política. Soto sostuvo que, si existen antecedentes serios de irregularidades graves, lo procedente es entregar dichos antecedentes a la Fiscalía para que el Ministerio Público realice la investigación y se persigan las responsabilidades legales.
El parlamentario subrayó que, en caso de no haber irregularidades, también debe aclararse la situación. Para Soto, es inaceptable que, basándose en generalidades, se cree una nueva controversia política y comunicacional. Hizo un llamado a dar una señal clara de transparencia, independientemente de quién resulte responsable, pero insistió en que este proceso no debe ser utilizado con fines políticos.
Finalmente, desde el Frente Amplio se recordó que la jefa de bancada, Gael Yeomans, ha oficiado en dos oportunidades al Ministerio Secretaria General de la Presidencia y al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. El objetivo de estos oficios es obtener información sobre el proceso de auditoría que el actual gobierno lleva a cabo respecto al uso de recursos públicos de la administración del expresidente Gabriel Boric, bajo la premisa de que el gobierno no puede actuar como "juez y parte".
En dichos documentos, la bancada ha solicitado antecedentes detallados sobre el diseño general, los objetivos específicos, las bases legales y los fundamentos jurídicos que sustentan el denominado "Plan de Inspección".
