La Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de supervisar las denuncias contra las fuerzas de seguridad en Inglaterra y Gales, ha abierto este miércoles una investigación formal contra dos agentes de policía. Los efectivos están implicados en la detención errónea de Henry Nowak, un joven de Southampton que falleció tras ser apuñalado mortalmente el pasado diciembre por un hombre de fe sij, identificado como Vickrum Digwa.
El objetivo central de esta investigación es determinar si los agentes incurrieron en una “conducta indebida grave”. El punto más crítico del análisis reside en el hecho de que los oficiales dieron credibilidad al relato del agresor, Vickrum Digwa, quien aseguró en el momento de los hechos haber sido víctima de un ataque racista. Mientras el agresor presentaba su versión, Henry Nowak yacía convaleciente y herido en el suelo, sin recibir la asistencia necesaria de manera inmediata.
La IOPC analizará minuciosamente si el elemento racial o religioso fue un factor determinante en la actuación de los agentes. El organismo busca esclarecer si las decisiones tomadas en el lugar de los hechos se vieron influidas por “suposiciones o prejuicios” derivados de las “tensiones existentes en la comunidad” en aquel periodo. Según el comunicado emitido por la oficina supervisora, existen pruebas que indican que ambos agentes, quienes fueron los primeros en llegar a la escena la tarde del 3 de diciembre de 2025, podrían haber infringido las normas de conducta profesional.
Específicamente, la investigación se centrará en tres áreas: los deberes y responsabilidades, el uso de la fuerza y la conducta deshonrosa. La IOPC señala que pudo haber fallos graves al no reconocer que Henry Nowak necesitaba atención médica urgente. Se cuestiona la demora en actuar después de que la víctima manifestara haber sido apuñalado y expresara que no podía respirar. En lugar de prestar primeros auxilios inmediatos, los agentes tomaron la decisión de detener y esposar a Nowak.
Además, el organismo apunta a que uno de los agentes podría haber vulnerado las normas relativas a la autoridad, el respeto y la cortesía. Esto se debe a que el oficial habría restado importancia a las palabras y a los desesperados pedidos de auxilio lanzados por la víctima mientras se encontraba en estado crítico.
Hasta el momento, la IOPC había tratado a los dos agentes implicados simplemente como testigos de los hechos. Sin embargo, esta posición ha cambiado tras una serie de reuniones mantenidas con los familiares de Henry Nowak y la presentación de una queja formal. La oficina supervisora subrayó que está obligada a revisar constantemente las pruebas obtenidas y a evaluar cualquier indicio de conducta indebida por parte de los agentes.
Este caso ha tenido una fuerte repercusión social. A principios de junio, la publicación de un vídeo de la detención, grabado por las propias cámaras corporales de los agentes, desató varios días de protestas en la ciudad de Southampton. El clima de tensión fue alimentado por agitadores de extrema derecha a través de las redes sociales. Asimismo, Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, intervino en la polémica acusando a las fuerzas policiales de aplicar una “doble vara de medir” y de otorgar un trato de favor a las minorías étnicas.
La IOPC reconoció que la confianza de la ciudadanía en el cuerpo policial puede haberse visto gravemente afectada por este incidente, factor que será tenido en cuenta al evaluar las pruebas. No obstante, el organismo advirtió que el proceso interno aún no ha concluido y que es posible que la investigación no derive en consecuencias para los agentes.
En cuanto a los hechos criminales, la policía detuvo a Vickrum Digwa la misma noche del ataque, una vez que se comprobó que Nowak había sido apuñalado. Aunque la actuación policial es cuestionada, los informes forenses concluyeron que, incluso si los agentes hubieran actuado con mayor rapidez, los servicios de emergencias no habrían podido salvar la vida del joven.
En el ámbito judicial, Vickrum Digwa fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión por el asesinato. Esta sentencia ha sido apelada por el Gobierno, que la considera excesivamente indulgente. Por otro lado, Digwa enfrenta aún otro proceso judicial junto a su padre y su hermano por cargos relacionados con la posesión de armas.
