Los consejeros de Vox responsables de la gestión de la atención a menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón y Extremadura han decidido ausentarse este miércoles de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Esta acción se ha llevado a cabo como una medida de rechazo explícito al plan de reparto anunciado el pasado martes por el Gobierno de España, el cual ha sido formalizado a través de un real decreto que establece la capacidad de acogida obligatoria para cada una de las comunidades autónomas.
A través de un comunicado difundido por los departamentos gestionados por la formación política en estas tres regiones, los consejeros han justificado su inasistencia a esta reunión, que tenía un carácter preparatorio para la Conferencia Sectorial programada para los próximos días. En el documento, los responsables autonómicos manifiestan su firme oposición a lo que califican como una «estafa migratoria», responsabilizando directamente al Gobierno central de esta situación y denunciando la «unilateralidad» con la que se ha ejecutado el reparto de los menores.
El marco legal de esta distribución de menores extranjeros no acompañados se fundamenta en la modificación de la ley de extranjería, aprobada en marzo de 2025. El objetivo declarado de dicha reforma es distribuir el esfuerzo de acogida entre todas las comunidades autónomas del país, evitando que la gestión y la carga asistencial recaigan exclusivamente sobre Canarias, Ceuta y Melilla, que son las principales puertas de entrada al territorio nacional.
Según los datos detallados y aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la distribución de la carga asistencial varía significativamente según la comunidad. Andalucía es la región que deberá atender el mayor volumen de niños y adolescentes, con una cifra de 3.009 menores. Le siguen en volumen Cataluña, con 2.829; la Comunidad de Madrid, con 2.471; y la Comunidad Valenciana, con 1.903. En el resto de los territorios españoles, las cifras asignadas se mantienen por debajo de los 1.000 menores por comunidad.
El caso de Castilla y León es particularmente crítico según las valoraciones de la Junta. De acuerdo con el nuevo decreto, la comunidad deberá habilitar un total de 830 plazas para menores no acompañados. Esta cifra representa un incremento drástico frente a las 130 plazas actuales, especialmente considerando que ya existen 186 menores acogidos en el sistema, lo que lleva a la administración regional a reconocer que las capacidades existentes se encuentran desbordadas.
Los consejeros afectados, concretamente Alejandro Nolasco en Aragón, Carlos Pollán en Castilla y León y Óscar Fernández en Extremadura, han expresado en su comunicado que los criterios utilizados para este reparto son «arbitrarios, opacos y completamente alejados de la realidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas». Para los dirigentes de Vox, cualquier aumento en el número de plazas impuesto por el Ejecutivo central no responde a una necesidad técnica, sino que constituye una «nueva maniobra política de Pedro Sánchez», la cual consideran ajena a la situación real que atraviesan las regiones.
Un detalle relevante de esta protesta es la forma en que se ha comunicado la decisión. El escrito difundido por los departamentos de prensa de Vox no incluye la tipografía institucional de los gobiernos autonómicos que la formación comparte con el Partido Popular. En el caso específico de Castilla y León, la información ha sido canalizada a través de medios ajenos a los circuitos habituales de comunicación de la Junta.
Ante el escenario planteado por el real decreto, los tres consejeros han anunciado que emplearán «todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales a su alcance» para ejercer una oposición frontal contra lo que consideran una decisión unilateral del Gobierno.
Desde la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León se ha detallado que la estrategia consiste en oponerse desde las fases iniciales, incluyendo estas reuniones preparatorias, a un reparto ya fijado por decreto. Las fuentes gubernamentales sostienen que este modelo de gestión contribuye a generar un «efecto llamada» y favorece el tráfico de personas, provocando en última instancia la saturación de los servicios de protección en todo el territorio nacional.
