El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en contra del Gobierno, truncando los intentos del presidente Donald Trump de redefinir la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. La medida, impulsada al inicio de su segundo mandato, buscaba liquidar el principio de la ciudadanía por nacimiento, una norma jurídica que ha estado vigente en el país desde el año 1868.
La Decimocuarta Enmienda establece explícitamente que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residan". Hasta el momento, tanto los tribunales como los diversos gobiernos han interpretado este mandato de forma que cualquier niño nacido en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía automáticamente, independientemente de la condición migratoria de sus progenitores. Solo existen excepciones muy concretas, como en el caso de hijos de fuerzas enemigas invasoras o de diplomáticos extranjeros.
Para el presidente Trump, este principio representa "una vergüenza", mientras que su vicepresidente, JD Vance, ha llegado a calificarlo como "la política migratoria más estúpida del mundo". Según la visión de Trump, la ciudadanía por nacimiento actúa como un "imán para la inmigración ilegal", facilitando que ciudadanos extranjeros accedan a beneficios estadounidenses de manera injusta.
La resolución del martes 30 de junio de 2026 pone fin a un proceso judicial complejo que había pasado por múltiples giros en diversos tribunales, incluido el propio Tribunal Supremo. Aunque la sentencia garantiza que la situación legal permanezca sin cambios, expertos advierten que el proceso ha dejado una marca. Kim Lane Scheppele, profesora de Sociología y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton y especialista en sociología del derecho, señaló que el hecho de que la cuestión se haya abierto al debate público y judicial hace que la ciudadanía sea ahora más precaria, incluso para quienes han residido toda su vida en el país.
Scheppele subrayó que el ataque a la ciudadanía no se limita a esta medida. Bajo la administración de Trump, se ha creado una oficina de desnaturalización dentro del Departamento de Justicia y se ha presionado para implementar la exigencia de pruebas de ciudadanía para ejercer el derecho al voto. Esta última medida resulta problemática, ya que, según la experta, menos de la mitad de la población estadounidense posee pasaporte, uno de los documentos principales para acreditar dicha condición.
Desde una perspectiva estadística, el centro de estudios Migration Policy Institute estima que anualmente nacen en Estados Unidos unos 255.000 niños cuyos padres no poseen la ciudadanía estadounidense. Si la medida de Trump se hubiera implementado, no habría tenido carácter retroactivo, protegiendo a quienes ya habían obtenido la nacionalidad. No obstante, el impacto habría sido masivo para el futuro. Datos del Pew Research Center indican que entre 2006 y 2023 hubo hasta 4,4 millones de personas en esa situación, aunque la cifra real actual podría ser menor debido a fallecimientos o emigraciones.
Resulta notable que varios miembros del círculo íntimo de Donald Trump obtuvieron su ciudadanía mediante este principio. Entre ellos se encuentran el director del FBI, Kash Patel, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la segunda dama, Usha Vance.
El plan de la Administración Trump proponía un cambio radical en la determinación de la nacionalidad al nacer. Aunque los detalles exactos no fueron plenamente revelados, la propuesta sostenía que, al momento del nacimiento, se evaluaría la situación legal de los padres. De este modo, el certificado de nacimiento dejaría de ser suficiente para obtener el pasaporte o el número de la Seguridad Social. Esto habría provocado que la nacionalidad del menor dependiera del país de origen de sus padres, lo que podría haber dejado a muchos niños apátridos, especialmente aquellos provenientes de países del sudeste asiático que no conceden la ciudadanía automática a hijos nacidos en el extranjero.
Finalmente, la noticia pone en evidencia que las afirmaciones de Trump sobre que Estados Unidos es el único país que concede la ciudadanía por nacimiento son falsas. Datos del Pew Research Center confirman que otros 32 países, mayoritariamente en América Latina y América del Norte, aplican el mismo criterio. En otras regiones, el sistema varía: países como Francia, Irán, Grecia y Marruecos la otorgan si los padres nacieron allí; Australia, Alemania y el Reino Unido la dan a hijos de residentes legales; mientras que Israel, Liberia y Haití aplican criterios legales mucho más restrictivos.
Este fallo judicial representa un revés significativo para una de las políticas migratorias centrales de Trump, aunque se prevé que no abandonará su estrategia de "America First". Por ahora, la decisión judicial disipa el temor a que se implementen políticas aún más extremas contra quienes ya poseen la ciudadanía estadounidense.
