El obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata, de 80 años de edad, fue retenido durante varias horas por efectivos de la Policía Nacional de Nicaragua. Según denunciaron diversas fuentes religiosas, esta acción policial se produjo como una represalia directa tras la celebración de una misa en la que el prelado instó a los fieles a elevar oraciones por la Iglesia católica, la cual se encuentra bajo persecución en el país, y a rezar por aquellos sacerdotes que han sido obligados al destierro.
Los hechos que desencadenaron la detención se remontan al pasado jueves 25 de junio de 2026. En aquella fecha, Monseñor Mata ofició una ceremonia religiosa en la iglesia Cruz del Calvario, ubicada en la ciudad de Estelí. Durante el acto litúrgico, el obispo emérito hizo mención expresa a figuras clave de la crisis eclesiástica en Nicaragua, solicitando oraciones específicamente por el sacerdote Frutos Valle y por el obispo Rolando Álvarez, quien ha sido desnacionalizado y excarcelado.
Como consecuencia de estas declaraciones, la Policía Nacional procedió a la retención del religioso el lunes 29 de junio de 2026. El traslado del obispo se llevó a cabo bajo el argumento oficial de que el clérigo era objeto de una investigación. Tras permanecer retenido durante varias horas, Monseñor Mata fue trasladado a su residencia en la ciudad de Tisma, en el departamento de Masaya, donde actualmente permanece bajo vigilancia policial. Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han emitido ninguna explicación oficial detallada sobre los motivos de la retención, ni han informado sobre la apertura de algún proceso judicial formal en contra del religioso.
La situación ha generado una fuerte condena internacional y eclesiástica. El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez manifestó su profunda indignación a través de sus redes sociales, reprobando en modo absoluto la agresión cometida por las fuerzas policiales contra su hermano, Monseñor Juan Abelardo Mata. Báez, quien fue obligado a abandonar Nicaragua en 2019 por órdenes del fallecido papa Francisco debido a razones de seguridad, calificó la acción como una "cobarde acción" que evidencia la "debilidad e irracionalidad de una dictadura criminal".
Este incidente se enmarca en un contexto de profunda animadversión y ruptura entre el Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la Santa Sede. Actualmente, las relaciones oficiales entre el Vaticano y Managua se encuentran suspendidas. La tensión alcanzó un punto crítico en marzo de 2023, cuando el fallecido papa Francisco describió al régimen de Daniel Ortega como una “dictadura grosera”.
Esta declaración papal ocurrió apenas un mes después de que el obispo Rolando Álvarez fuera condenado a 26 años y cuatro meses de prisión bajo el cargo de “traición a la patria”, situación que culminó con su exilio y la pérdida de su nacionalidad. En respuesta a la presión internacional y a las posturas del Vaticano, el gobierno de Ortega tomó medidas drásticas, incluyendo la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenecía el sumo pontífice. Asimismo, el mandatario nicaragüense ha llegado a calificar a la Iglesia católica como una “mafia” y la ha señalado de ser antidemocrática.
La persecución contra el clero en Nicaragua ha dejado cifras alarmantes. De acuerdo con el informe titulado ‘Fe bajo fuego’, elaborado por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido desterrados del país. Entre las víctimas de este proceso de persecución se encuentra Carlos Herrera, quien se desempeñaba como presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
El caso del obispo emérito Juan Abelardo Mata se suma a una serie de acciones sistemáticas contra la jerarquía católica en Nicaragua, evidenciando la persistente hostilidad del Estado hacia cualquier manifestación de fe que cuestione o denuncie la situación política y social del país.
