Keiko Sofía Fujimori ha logrado alcanzar el objetivo político que perseguía desde hace más de una década: presidir el Perú. Tras un proceso de escrutinio que se extendió por más de tres semanas, la confirmación oficial de su victoria llegó una vez contabilizadas la totalidad de las papeletas. La candidata de ultraderecha obtuvo el 50,14% de los votos, superando por un margen mínimo a su rival, el candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien alcanzó el 49,86% del apoyo popular.
Este resultado marca el fin de una racha de tres derrotas electorales previas, ocurridas en los años 2011, 2016 y 2022. Los comicios celebrados el pasado 7 de junio finalmente le abren las puertas del Palacio de Gobierno, una residencia que le resulta familiar debido a su historia personal y familiar. La nueva mandataria, de 51 años, creció en el epicentro del poder político peruano como hija de Alberto Fujimori, quien fue el presidente del país entre 1990 y 2000.
No obstante, la herencia política de su padre está marcada por claroscuros. El anterior jefe de Estado fue condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. De manera similar, la trayectoria de Keiko Sofía Fujimori se ha visto empañada por procesos judiciales, habiendo permanecido cerca de dos años en prisión preventiva entre 2018 y 2022 mientras era investigada por presuntos delitos de corrupción.
A pesar de estos antecedentes, los resultados electorales demuestran que la candidata conserva la confianza de al menos la mitad de la población peruana. Este respaldo se fundamenta principalmente en su discurso de 'mano dura' contra el crimen, una postura estrechamente asociada al fujimorismo que ha sido el motor de su llegada al poder. Con este triunfo, Perú se suma a la ola de gobiernos de ultraderecha que ha crecido en América Latina, recibiendo felicitaciones de mandatarios afines en la región.
Fujimori se convierte en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Perú. Sin embargo, ya había residido en el Palacio de Gobierno en su juventud, cuando asumió el rol de primera dama tras el divorcio de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. En aquel entonces, con solo 19 años, se convirtió en la persona más joven de América Latina en desempeñar dicha función, una experiencia que marcó una juventud condicionada por las polémicas familiares.
En cuanto a su formación académica, Fujimori estudió Administración de Empresas en Boston, Estados Unidos, y posteriormente completó un máster en la misma disciplina en la Universidad de Columbia. En el ámbito personal, estuvo casada con el estadounidense Mark Vito Villanella, con quien tiene dos hijas, Kyara y Kaori, y de quien se divorció en el año 2022.
Los problemas legales han sido una constante en su vida pública. La Fiscalía la investigó por presunto lavado de activos, organización criminal y financiación irregular de las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. La acusación señalaba que los fondos provenían de grandes empresas peruanas y de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque pasó 16 meses en prisión preventiva entre 2018 y 2020, la Justicia archivó la causa principal a comienzos de 2026, quedando abiertos únicamente cargos de menor entidad.
El vínculo del apellido Fujimori con la corrupción es profundo. Alberto Fujimori abandonó el país durante un Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Brunéi para refugiarse en Japón y eludir la justicia peruana, que investigaba políticas represivas, corrupción y violaciones de derechos humanos. Desde Tokio renunció por carta, fue detenido en Chile en 2005, extraditado y finalmente condenado a 25 años de cárcel en 2009.
En la actualidad, la inseguridad es la mayor preocupación ciudadana y el eje de la campaña de la presidenta electa. Fujimori propone una estrategia de firmeza inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Sus promesas incluyen la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad, la instalación de 10.000 cámaras de vigilancia en sus primeros cien días, el refuerzo de fuerzas militares y policiales en las fronteras y la creación de Unidades de Flagrancia Express para juzgar delincuentes en menos de 48 horas.
Esta postura responde al avance del crimen organizado y grupos transnacionales como el Tren de Aragua. Además, la mandataria plantea el uso de tecnología mediante el sistema C5i, una red de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones del país con inteligencia artificial predictiva, herramienta que también aplicaría para detectar sobrecostes e irregularidades en la contratación pública.
En el plano económico, Fujimori defiende un modelo de libre mercado, la reducción de la burocracia y la reactivación de proyectos mineros e infraestructuras. Asume el cargo en un Perú profundamente dividido, donde el resultado estrecho confirma la vigencia del 'antifujimorismo'. Al igual que sucedió con Abelardo de la Espriella en Colombia, Fujimori deberá gobernar para una sociedad polarizada. Tras los resultados, la presidenta electa afirmó: «Sabemos que el país está dividido. Tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados».
