La Policía Federal (PF) de Brasil ha puesto en marcha este martes 30 la segunda fase de la denominada Operación Anáfora, una investigación exhaustiva que tiene como objetivo principal desmantelar una red de lavado de dinero derivada del desvío de recursos públicos destinados al área de la Salud en el estado de Río de Janeiro. Esta nueva etapa de la operación representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa en la región.
Para la ejecución de esta fase, los agentes de la Policía Federal han cumplimentado un total de 14 mandatos de búsqueda y aprehensión. La base legal de estas acciones se divide entre dos instancias judiciales: diez de los mandatos fueron expedidos por la 6ª Vara Federal Criminal, mientras que los cuatro restantes fueron emitidos por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2). Las diligencias se han concentrado en diversos puntos estratégicos, afectando direcciones vinculadas a los investigados en tres ciudades clave: Río de Janeiro, Niterói y Duque de Caxias.
Según informó la Policía Federal a través de una nota oficial, los implicados en este caso podrían enfrentar cargos graves dependiendo de sus responsabilidades individuales. Entre los delitos que se investigan se encuentran la formación de una organización criminosa, el fraude en procesos de licitación y el lavado de dinero. Las autoridades han dejado claro que estas acusaciones no excluyen la posibilidad de que surjan otros delitos adicionales a medida que las investigaciones continúen avanzando y se analicen las pruebas recabadas durante los operativos de búsqueda.
El enfoque actual sobre el lavado de dinero es el resultado de un proceso de profundización iniciado tras la primera fase de la Operación Anáfora, la cual tuvo lugar en el año 2022. A través de un seguimiento detallado, la policía logró descubrir mecanismos sofisticados utilizados por los investigados para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la existencia de bienes propios registrados a nombre de terceras personas, una práctica común para evitar la detección por parte de las autoridades fiscales. Asimismo, se detectaron patrones de gastos personales que resultaban totalmente incompatibles con la condición financiera declarada de los sospechosos, además de su participación activa en diversas negociaciones inmobiliarias.
Para comprender la magnitud de la Operación Anáfora, es necesario remontarse a su primera fase en 2022. En aquel entonces, la investigación se centró en el presunto favorecimiento en la contratación de una cooperativa de trabajo por parte de la Secretaría de Salud de Duque de Caxias. Los contratos involucrados en este esquema de irregularidades sumaban una cifra impactante de 563,5 millones de reales.
En aquel periodo, la Policía Federal puso el foco sobre figuras políticas de relevancia, destacando el caso de Washington Reis (MDB-RJ), quien se desempeñaba como candidato a vicegobernador de Río y era el compañero de chapa de Cláudio Castro (PL-RJ). Las acciones judiciales de 2022 arrojaron resultados contundentes en cuanto a la evidencia material: durante el registro en la residencia de Washington Reis, los agentes aprehendieron un fuzil. De igual manera, en el domicilio del exsecretario de Salud de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira, fueron hallados cheques y dinero en efectivo que sumaban 700 mil reales.
Finalmente, la Policía Federal ha subrayado que la cooperativa de trabajo involucrada no es un ente aislado, sino que pertenece a una organización criminosa estructurada y compleja. Según las conclusiones de la PF, esta organización ha operado en el estado de Río de Janeiro bajo un contexto de corrupción sistémica durante décadas, especializándose en el desvío de recursos públicos, con un énfasis particular en el sector de la salud, afectando así la gestión de los fondos destinados al bienestar de la población.
