La reciente publicación de los informes anuales de divulgación financiera de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y otros integrantes del poder judicial ha puesto bajo la lupa la gestión de los ingresos externos y los obsequios recibidos por los magistrados. Entre las revelaciones más destacadas se encuentra la situación de la magistrada Sonia Sotomayor, integrante del ala progresista del alto tribunal, quien reportó la recepción de beneficios relacionados con eventos musicales en Puerto Rico.
De acuerdo con el documento hecho público este lunes, la jueza Sotomayor recibió entradas para conciertos valoradas en un total de 4.333 dólares. Dichos boletos fueron proporcionados por Rimas Entertainment, una discográfica puertorriqueña que cuenta entre sus clientes al artista Bad Bunny. En el informe, la magistrada detalló que estas entradas fueron para ella y sus invitados durante un viaje privado que realizó a Puerto Rico en agosto de 2025. Cabe destacar que, durante ese periodo, Bad Bunny se encontraba desarrollando una residencia de presentaciones que se extendió por varias semanas en la isla.
A pesar de la declaración, el informe ha sido señalado por la falta de detalles específicos, ya que en ningún apartado se menciona explícitamente a qué concierto asistió la magistrada. Ante las dudas generadas por esta omisión, un portavoz de la Corte Suprema no respondió a las solicitudes de información sobre el contenido del informe de Sotomayor.
La divulgación de estos datos financieros coincidió temporalmente con la emisión de algunas de las sentencias más trascendentales del periodo actual del alto tribunal, ocurriendo apenas unas horas después de que se hicieran públicas dichas decisiones.
Además del caso de Sotomayor, los informes revelaron una tendencia significativa en cuanto a los ingresos derivados de la literatura. En conjunto, los jueces reportaron haber recibido más de 2 millones de dólares en pagos provenientes de editoriales, sumado a los costos de viajes por todo el país destinados a la promoción de sus respectivas obras escritas.
Uno de los montos más elevados fue reportado por la jueza Ketanji Brown Jackson, quien fue nominada por el presidente Joe Biden. Jackson declaró haber percibido 1,2 millones de dólares en concepto de "adelantos" otorgados por la editorial Penguin Random House. Estos ingresos están vinculados a sus memorias tituladas “Lovely One”, publicadas en 2024. Recientemente, la jueza ha expandido su obra mediante la publicación de una versión dirigida a jóvenes adultos y continúa realizando giras promocionales por el país.
Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett, la última postulada al cargo por el expresidente Donald Trump, reportó ingresos cercanos a los 850.000 dólares provenientes de Javelin Group. Esta cifra se relaciona con la publicación el año pasado de su primer libro, titulado “Listening to the Law”.
Asimismo, el juez conservador Neil Gorsuch informó haber recibido 300.000 dólares en regalías durante el año pasado a través de la editorial HarperCollins Publishers. Gorsuch ha estado participando en diversos eventos para promover un libro infantil de su autoría, el cual se centra en la Declaración de Independencia.
El marco normativo que rige a los magistrados de la Corte Suprema establece que, aunque perciben un salario anual superior a los 300.000 dólares, tienen prohibido recibir más de aproximadamente 30.000 dólares anuales en ingresos externos. No obstante, existe una excepción crítica en esta política: los ingresos generados por la escritura de libros están exentos de dicho límite. Esta normativa crea un incentivo directo para que los nueve jueces redacten obras más allá de sus opiniones judiciales oficiales.
En cuanto a otros miembros del tribunal, el juez conservador Samuel Alito solicitó tiempo adicional para la presentación de su informe anual, una acción que ha sido habitual en su trayectoria a lo largo de los años.
Finalmente, los documentos detallaron diversos desplazamientos internacionales y nacionales. La jueza Barrett informó sobre un viaje a Londres realizado el otoño pasado para asistir a un taller de teoría legal, el cual fue financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. En paralelo, el juez Gorsuch reportó un viaje a Praga en julio para participar en un programa educativo patrocinado por la Universidad George Mason.
