Tras el procesamiento del 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se ha consolidado el pasado lunes 29 como la virtual presidenta de la República para el periodo 2026-2031. Ante este escenario, analistas políticos como Enrique Castillo, Karen López y José Carlos Requena han delineado los retos urgentes y las decisiones estratégicas que marcarán el inicio y el rumbo de su administración.
Uno de los desafíos más inmediatos y críticos es la identificación y el nombramiento de los funcionarios que liderarán las instituciones del Estado. Según los expertos, la ejecución de las políticas públicas no depende únicamente de la presidenta o sus ministros, sino de los cuadros técnicos en puestos de confianza. Instituciones clave como la Policía Nacional del Perú (PNP), el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Essalud y la Sunedu requieren directivos de primer nivel, con trayectorias filtradas y un enfoque profesional y honesto. En particular, la transformación de Essalud se señala como una tarea prioritaria que podría generar rédito político y social inmediato.
En cuanto a la conformación del equipo ejecutivo, la elección del primer ministro resulta fundamental. Los analistas coinciden en que esta figura debe ser una persona de total confianza de la presidenta, pero con una trayectoria personal y profesional intachable, libre de denuncias o investigaciones. El perfil ideal es el de un gestor con experiencia tanto en el sector público como en el privado, con capacidad de liderazgo para coordinar el Consejo de Ministros y "muñeca política" para dialogar con interlocutores de diversos colores políticos. El primer ministro deberá actuar como la bisagra principal entre el Ejecutivo, el Congreso y las bancadas partidarias, siendo el vocero estratégico del gobierno.
Respecto al gabinete, se ha valorado el anuncio de conformar un equipo plural y amplio, diferenciándolo de un gabinete multipartidario. Los expertos advierten que entregar ministerios a los partidos políticos conlleva el riesgo de fomentar el clientelismo y el mal uso de los recursos públicos. La recomendación es priorizar a los mejores profesionales y técnicos en cada sector, manteniendo un equilibrio entre cuadros del partido de gobierno y perfiles independientes. Un gabinete con dirección y propósito claro es visto como la primera herramienta real para la reconstrucción de la confianza ciudadana.
El reto político más complejo será, sin duda, vencer la resistencia que genera el fujimorismo en diversos sectores sociales y regiones del país. Para evitar que el "antifujimorismo" se consolide nuevamente, se sugiere un cambio de actitud del partido, que ha pasado años en oposición o soporte de otros gobiernos. La presidenta deberá construir una concertación seria, pública y genuina, ya que no llega al poder con una confianza ganada previamente. Los analistas subrayan que no habrá un "periodo de gracia"; el primer año comienza antes del 28 de julio, exigiendo resultados rápidos en seguridad ciudadana, pobreza urbana, servicios básicos de salud y la respuesta ante riesgos climáticos.
Finalmente, la gestión deberá enfrentar la corrupción y las "mafias" enquistadas en las instituciones estatales. El ejercicio del poder con autoridad, pero con pleno respeto a la democracia y los derechos fundamentales, marcaría un precedente en la historia del fujimorismo. La decisión sobre cómo ejercer el poder —ya sea mediante la imposición de orden o a través de un nuevo pacto social con rendición de cuentas— definirá la estabilidad del gobierno. El objetivo final, según los especialistas, es lograr que la presidenta complete su mandato y ponga fin a la ola de inestabilidad política que ha afectado al país en la última década.
