El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha informado este martes que el proceso de regularización extraordinaria para inmigrantes ha superado el millón de solicitudes. El anuncio se produce en el marco del cierre del plazo para la presentación de dichas solicitudes, coincidiendo con el último día habilitado para que los interesados pudieran formalizar su petición ante la administración.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo subrayó que el volumen de peticiones recibidas es una prueba fehaciente de que la implementación de esta medida era una necesidad imperativa. Sánchez reconoció que, a pesar de la alta demanda y la utilidad de la medida, el proceso ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición de derechas, quienes se han manifestado en contra de esta iniciativa gubernamental.
Esta regularización se integra dentro de un marco más amplio: la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía. Según detalló el presidente, este plan contará con una dotación presupuestaria de 500 millones de euros durante su primer año de ejecución. La primera acción concreta de este plan es, precisamente, el proceso de regularización extraordinaria, cuyo objetivo primordial es otorgar permisos de residencia y de trabajo a aquellas personas que ya se encuentran residiendo y conviviendo en el territorio español.
En relación con el impacto humano de estas medidas, el presidente destacó que cada una de las solicitudes presentadas representa a una persona real que ya habita en el país. Según Sánchez, a partir de este proceso, estas personas podrán integrarse plenamente en la sociedad española, asumiendo todos los derechos y deberes que conlleva la regularidad administrativa.
El presidente defendió firmemente la tesis de que "no hay integración posible sin regularidad". En este sentido, argumentó que la regularización es un paso fundamental y clave para sacar de la invisibilidad una realidad social existente que afecta a cientos de miles de personas que ya viven en España. El mandatario concluyó su reflexión advirtiendo que "la exclusión no protege a nadie", reafirmando así la postura del Gobierno frente a la marginación administrativa de los inmigrantes.
El cronograma de este proceso comenzó el pasado 16 de abril y concluye formalmente este 30 de junio. Inicialmente, las previsiones del Ejecutivo estimaban que se beneficiarían al menos medio millón de personas. Los requisitos para acceder a esta regularización establecían que los solicitantes debían residir en España desde antes del 1 de enero, o ser demandantes de asilo que hubieran presentado su solicitud antes de esa misma fecha. Además, era indispensable acreditar una estancia mínima de cinco meses seguidos en el país al momento de presentar la solicitud y no poseer antecedentes penales.
Para formalizar el trámite, los inmigrantes han tenido que aportar una serie de documentos obligatorios. Entre ellos, se incluyen aquellos que demuestren el tiempo de estancia efectiva en España y el certificado de antecedentes penales. En ciertos casos específicos, se ha requerido también la presentación de un informe de vulnerabilidad, el cual debe estar certificado por una organización no gubernamental (ONG) que esté debidamente acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.
Para ilustrar la importancia de estas medidas, Pedro Sánchez compartió durante el acto la historia de Diana, una mujer de nacionalidad peruana con la que mantuvo un encuentro. Diana vivió en España durante tres años en situación irregular, lo que la llevó a estar separada de sus hijos y a trabajar como empleada del hogar interna, sin contar con un contrato laboral ni el respaldo de ningún derecho trabajador.
La situación de Diana cambió gracias a un proceso de regularización llevado a cabo en el año 2005 por el anterior gobierno socialista. Sánchez calificó la trayectoria de esta mujer como un "éxito personal", pero al mismo tiempo lo definió como un "fracaso colectivo". El presidente argumentó que este fracaso reside en el hecho de que Diana ya vivía, trabajaba y contribuía al país durante años, mientras que el Estado le negaba la posibilidad de hacerlo con derechos, impidiendo así que aportara su talento a la sociedad española de manera formal.
