A partir del próximo 28 de julio, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 51 años, asumirá la dirección de los rumbos del país, marcando el inicio de un mandato de cinco años que genera diversas expectativas y especulaciones en la ciudadanía. El panorama actual se divide entre quienes anticipan un gobierno caracterizado por el autoritarismo y la venganza, y aquellos que esperan una gestión sobresaliente capaz de atraer inversión, establecer orden y generar prosperidad para la nación.
Para comprender el camino que ha recorrido la futura mandataria, es necesario analizar su trayectoria desde el año 2000, momento en que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, renunció al cargo desde Japón. En aquel periodo, marcado por numerosas denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos vinculadas al gobierno de su progenitor, Keiko Fujimori optó por permanecer en el país a pesar de que, en ese instante, no pesaba ninguna denuncia formal contra ella.
Durante los años posteriores, Fujimori tomó el liderazgo de su partido, logrando fortalecerlo y expandir el fujimorismo. Esta trayectoria es considerada una proeza política, especialmente cuando se contrasta con el destino de otras organizaciones históricas, como el Apra y Acción Popular, que sufrieron procesos de desgaste y desaparición. En este proceso, la lideresa estuvo en tres ocasiones muy cerca de alcanzar la Presidencia de la República.
Uno de los puntos más críticos de su carrera ocurrió en el año 2016. Tras perder las elecciones presidenciales frente a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Fujimori obtuvo una poderosa representación en el Congreso con una bancada de 73 congresistas. Sin embargo, su gestión parlamentaria se centró en el desgaste y la destrucción del gobierno de PPK, quien finalmente fue obligado a renunciar. Este periodo es señalado como el punto de partida de la actual inestabilidad política que atraviesa el país, la cual ha resultado en la sucesión de ocho presidentes en un lapso de diez años, una situación inusual para un sistema democrático.
Recientemente, Keiko Fujimori ha mostrado la entereza de reconocer que se equivocó en el manejo de aquel periodo. No obstante, en los últimos cinco años ha enfrentado acusaciones que la señalan como la jefa de un supuesto "pacto mafioso" encargado de gobernar el país. Frente a estas sindicaciones, se argumenta que, de haber poseído tal nivel de poder, no habría sido enviada a prisión en tres oportunidades de manera injusta.
Por otro lado, el sector progresista le atribuye la autoría de cambios radicales efectuados a través del Congreso en instituciones clave como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, se sostiene que dichas modificaciones contaron con la aprobación de diversos sectores políticos y que Fujimori contaba únicamente con 21 congresistas en ese momento. Según esta perspectiva, los cambios eran necesarios debido a que el izquierdismo había controlado estos organismos durante décadas, politizando la justicia. Actualmente, los sectores ideologizados protestan y generan narrativas al haber perdido dicho control, amenazando con enfrentar la gestión fujimorista desde su primer día.
El escenario que enfrenta Keiko Fujimori al asumir el cargo es complejo y carece de un periodo de "luna de miel" debido a la profunda polarización del país. Ante esta realidad, se plantea que la presidenta deberá formar un gabinete compuesto por notables y designar en los puestos de línea a técnicos destacados con un perfil profesional sólido. Para lograr el éxito de su gestión, será fundamental que se aleje de las cuotas partidarias, el amiguismo político y los rencores derivados del pasado.
Finalmente, la magnitud del desafío que asume es tal que se sugiere que, al igual que ocurre con los presidentes de Estados Unidos, la nueva mandataria deberá implorar ayuda divina para conducir el destino del país en los próximos cinco años.
