La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este lunes que el empleo de una “orden de geovalla” para recopilar datos de ubicación de teléfonos celulares durante la búsqueda de un sospechoso constituye un registro bajo los términos de la Cuarta Enmienda. Esta resolución implica que, de ahora en adelante, las fuerzas del orden deberán obtener una orden judicial para acceder a este tipo de información tecnológica.
La opinión de la mayoría fue redactada por la jueza Elena Kagan y contó con el respaldo de magistrados tanto conservadores como liberales. El tribunal alcanzó una decisión dividida de 6 a 3, con tres jueces conservadores manifestando su disenso. En su escrito, la jueza Kagan enfatizó que la Cuarta Enmienda debe proteger, como ha sido su propósito constante, contra la intrusión gubernamental injustificada en la privacidad de los individuos.
Este caso surge en un contexto donde los ciudadanos estadounidenses almacenan volúmenes masivos de datos personales en servidores gestionados por empresas privadas, lo que ha generado interrogantes complejos sobre el alcance de la capacidad policial para acceder a dicha información. En última instancia, el tribunal optó por una decisión limitada en su alcance, pero con un impacto práctico directo: la policía estará obligada a presentar una orden judicial cuando solicite datos de ubicación provenientes de una base de datos de geolocalización.
El origen de esta disputa legal se encuentra en el caso de Okello Chatrie, un residente de Virginia que recurrió a la Corte Suprema tras ser identificado como sospechoso de un robo bancario en 2019 mediante este procedimiento. En aquel entonces, ante el estancamiento de la investigación, la policía solicitó a Google una orden de geovalla para localizar a las personas cuyos teléfonos celulares se hubieran encontrado dentro de un radio de 300 metros del banco en el momento exacto del crimen. Chatrie, quien presentó una declaración de culpabilidad condicional, se reservó el derecho de apelar debido al amplio alcance de dicha orden.
Es importante señalar que la Corte Suprema no resolvió el fondo del caso de Chatrie este lunes. Dado que la policía sí había obtenido una orden judicial en su caso particular, la mayoría del tribunal se limitó a concluir que una orden es estrictamente necesaria y delegó en los tribunales inferiores la tarea de evaluar si el registro realizado en el caso de Chatrie fue consistente con las garantías de la Cuarta Enmienda.
No obstante, la decisión no estuvo exenta de fuertes críticas internas. El juez Samuel Alito, en su voto disidente, calificó la opinión de la mayoría como una “escapada irresponsable”. Alito argumentó que, aunque la decisión genera ondas sísmicas en la doctrina de la Cuarta Enmienda, no afectaría el resultado final del caso de Chatrie. Según el juez, el tribunal evitó revisar la única cuestión que podría haber otorgado una reparación teórica al acusado, sugiriendo que la mayoría simplemente buscaba adoptar una postura de “gran campeón de la privacidad en la era digital”.
Uno de los puntos centrales del debate jurídico es que la Cuarta Enmienda no solo exige una orden judicial, sino que esta debe ser “particularizada”. Esto significa que la solicitud debe ser lo suficientemente específica para evitar que la policía realice lo que se describe como una “expedición de pesca”. Los abogados de Chatrie sostuvieron que la orden original no era particularizada, ya que obligaba a Google a analizar los datos de millones de personas para identificar a un grupo reducido que estuvo cerca del banco. Advirtieron que el potencial de abuso es impresionante, señalando que el Gobierno podría trazar geovallas alrededor de iglesias, mítines políticos o tiendas de armas para registrar la identidad de todos los asistentes.
Por su parte, la policía presentó los detalles del crimen de 2019, afirmando que Chatrie entregó una nota a un cajero exigiendo al menos 100.000 dólares bajo amenaza. Tras identificarlo mediante la geovalla, las autoridades ejecutaron órdenes de registro federales en su dormitorio, donde hallaron notas de exigencia, una pistola de 9 mm y casi 100.000 dólares en efectivo. Según los informes, Chatrie confesó el robo y fue condenado a más de 11 años de prisión.
Anteriormente, el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito, con sede en Richmond, había fallado en contra de Chatrie, argumentando que la orden no constituía un “registro” porque los usuarios aceptan voluntariamente que las empresas tecnológicas recopilen sus datos. El Departamento de Justicia respaldó esta postura, y el procurador general de EE. UU., D. John Sauer, señaló que Chatrie no tomó medidas para proteger su ubicación, como desactivar el historial de ubicaciones de su dispositivo.
Sin embargo, la defensa basó su argumento en el precedente de 2018 del caso Carpenter contra EE. UU., donde el tribunal dictaminó que las autoridades deben establecer causa probable para acceder a datos de torres de telefonía celular. Los abogados de Chatrie argumentaron que, si se requiere una orden para datos de torres, con mayor razón debe requerirse una para datos de geolocalización, que son mucho más precisos, pudiendo identificar la ubicación de una persona con un margen de tres metros cada dos minutos. Como respuesta a este entorno legal, Google ha modificado sus políticas sobre la forma en que se almacenan estos datos.
