La Fiscalía General del Estado ha formalizado una solicitud para que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sea llamado a juicio. El funcionario es señalado como autor directo del presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en un proceso judicial que ha sido denominado como el "caso Grillete". Esta nueva solicitud de juicio representa un incremento en la presión legal sobre el burgomaestre, quien ahora suma tres procesos penales abiertos en su contra.
La solicitud fue presentada durante la audiencia preparatoria que se llevó a cabo en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. En este espacio legal, el Ministerio Público expuso su dictamen acusatorio basándose en las evidencias recopiladas durante la investigación. El núcleo de la acusación radica en la constatación de que el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto obligatoriamente por la justicia.
Para comprender el origen de este proceso, es necesario retroceder a julio de 2025, fecha en la que se le impuso al funcionario la medida cautelar del grillete electrónico. Dicha medida fue dictada dentro del marco de otro proceso penal, conocido como el caso Triple A. El dispositivo de rastreo tenía como objetivo garantizar el control y la ubicación del procesado mientras continuaba el curso de dicha causa.
Sin embargo, el cumplimiento de esta medida fue cuestionado el pasado 10 de febrero de 2026. Según los informes detallados y el parte policial que la Fiscalía incorporó formalmente al expediente, el alcalde Aquiles Álvarez fue detenido en su domicilio. Durante el operativo, los agentes policiales encargados de la detención procedieron a verificar el estado de las medidas cautelares y constataron que el funcionario no llevaba el dispositivo de rastreo activo en su cuerpo. El retiro presunto del grillete es el hecho central que sostiene la actual solicitud de juicio por incumplimiento de decisiones judiciales.
El camino hacia esta solicitud de juicio ha estado marcado por diversos contratiempos y aplazamientos procesales. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya había sufrido suspensiones previas que dilataron la resolución del caso. El primer incidente relevante ocurrió el pasado 22 de junio, cuando la diligencia no pudo instalarse. En aquella ocasión, la defensa técnica de Aquiles Álvarez alegó la existencia de dificultades insubsanables para acceder al expediente completo de la causa, argumentando que esto vulneraba el derecho a la defensa. Además, los abogados del procesado cuestionaron la supuesta imparcialidad de la jueza a cargo del proceso.
Posteriormente, el proceso fue diferido para el 25 de junio. No obstante, esta sesión también fue suspendida debido a la salida de los abogados defensores del alcalde. Esta situación generó un vacío en la representación legal, ya que en ese momento no existían las condiciones necesarias para que la Defensoría Pública asumiera la representación inmediata del procesado, obligando a una nueva suspensión.
Debido a la situación jurídica del alcalde, quien permanece recluido bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, las sesiones se han desarrollado de manera telemática. Esta modalidad ha permitido que el funcionario participe en las audiencias desde el centro penitenciario hacia la Unidad Judicial de Samborondón.
Tras concluir la última jornada de la audiencia, la jueza Karen Alarcón decidió suspender nuevamente la diligencia. La magistrada ha convocado la reinstalación del proceso para el próximo miércoles 1 de julio, a las 08:10, fecha en la que se espera que se avance en la resolución de este caso.
Con la formalización del caso Grillete, el personero municipal de Guayaquil enfrenta ahora un panorama judicial complejo. A este proceso se suman otros dos frentes penales que el alcalde arrastra actualmente: el caso Triple A, donde se originó la medida del grillete, y el proceso denominado Goleada. De este modo, Aquiles Álvarez se encuentra procesado en tres causas distintas que podrían definir su futuro político y legal.
