El estado de Santa Catarina, en Brasil, se encuentra actualmente bajo el foco de graves denuncias relacionadas con la seguridad pública y la estabilidad democrática. Según el análisis del periodista Moisés Mendes, la región alberga una realidad alarmante caracterizada por la presencia de grupos de exterminio dirigidos contra la comunidad gay, los cuales operan y se anuncian públicamente bajo esa denominación, sin temor a represalias legales.
A esta situación de violencia social se suma la infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales. Se ha reportado que facciones del crimen organizado han emitido amenazas de muerte contra la desembargadora Cinthia Bittencourt Schaefer, miembro del Tribunal de Justicia. Estas amenazas serían una respuesta directa a las acciones judiciales de la magistrada, quien ha logrado enmarcar y procesar a cuadrillas criminales que operaban dentro de diversas alcaldías del estado.
El historial de corrupción en Santa Catarina es igualmente preocupante. De acuerdo con los datos presentados, el estado ha registrado la detención de 30 alcaldes bajo cargos de corrupción, formación de cuadrillas y lavado de dinero. Paralelamente, la región se ha consolidado como el lugar con el mayor número de células neonazistas en todo el país, creando un caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia.
En el ámbito político, Santa Catarina es descrita como el bastión más fuerte y rico del bolsonarismo. Este movimiento cuenta con el financiamiento de grandes empresarios, algunos de los cuales han estado bajo investigación durante casi una década, aunque hasta la fecha permanecen impunes. Esta estructura financiera ha permitido una radicalización creciente, donde incluso figuras políticas tradicionales podrían verse desplazadas. Un ejemplo de esto es la situación del exgobernador Esperidião Amin, quien podría perder su espacio en el Senado frente a Carluxo, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un movimiento que busca extremar la postura ideológica en el estado.
Existe una tendencia peligrosa a subestimar estas amenazas. Algunos sectores argumentan que, dado que los grupos de exterminio no han ejecutado masacres masivas recientemente o que las amenazas contra la desembargadora Schaefer no se han materializado, el peligro no es real. Sin embargo, se traza un paralelismo con el plan fallido del general Mário Fernandes y sus "kids pretos" en 2022, quienes pretendían asesinar a Lula, Alckmin y Alexandre de Moraes. El hecho de que el plan no se ejecutara no anula la gravedad de la intención ni la existencia de la organización.
El análisis sugiere que esta dinámica de miedo es coordinada externamente. Se menciona que figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo y Allan dos Santos, operando desde los Estados Unidos, se encargan de amedrentar a las altas autoridades en Brasilia, mientras instan a sus simpatizantes locales en las "parroquias" estatales a ejecutar la presión y el miedo sobre el terreno.
Este modelo de actuación se vincula directamente con el proyecto político de Flávio Bolsonaro, cuyo programa se basaría en la persecución y el amedrentamiento de adversarios, enemigos e incluso miembros de su propio entorno familiar, como su madrastra. El objetivo final sería intimidar a cualquiera que se oponga al retorno del fascismo bolsonarista al poder.
El bolsonarismo, según se describe, utiliza la perversidad y el terror como herramientas para mantener la cohesión de la derecha tradicional, presentándose como la única fuerza capaz de derrotar el lulismo. El peligro reside en que estas facciones, invisibles para los habitantes de las grandes ciudades pero cotidianas en municipios pequeños y medianos, están reorganizándose.
El escenario futuro plantea dos posibilidades críticas: en caso de una victoria electoral, el movimiento procedería a acosar y eliminar a sus opositores. En caso de una derrota, pero logrando una bancada mayoritaria en el Senado, el plan sería gobernar a través del Congreso para desmantelar la composición actual del Supremo Tribunal Federal. Finalmente, se advierte a la ciudadanía sobre la posibilidad de que personas cercanas, como vecinos que han adoptado posturas reaccionarias, puedan ser simpatizantes o integrantes de estos grupos violentos que actúan bajo el amparo ideológico del bolsonarismo.
