El proceso judicial contra el ex jefe comunal de Lambaré, Armando Gómez, miembro de la PLRA, ha entrado en una fase decisiva con el inicio del debate oral y público ante el Tribunal de Sentencia. El ex mandatario municipal se encuentra en el banquillo de los acusados para responder por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, en una causa que involucra un perjuicio económico significativo para los cofres del municipio.
De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público, las acciones emprendidas durante la gestión de Gómez habrían ocasionado un perjuicio patrimonial a la ciudad de Lambaré que asciende a más de 9.000 millones de guaraníes. Este proceso, que ya había sufrido varias suspensiones previas, logró concretar su inicio este lunes, aunque el comienzo de la sesión no estuvo exento de incidentes.
En el marco de este juicio, Armando Gómez no es el único procesado. Junto a él, enfrentan el tribunal otros tres ex funcionarios de la municipalidad, quienes habrían desempeñado roles clave en la estructura administrativa durante el periodo cuestionado. Entre los acusados se encuentran Roberto Paredes, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas; Rodrigo Portillo Chirife, quien ejercía como jefe del Departamento de Tesorería; y Edgar Iván Villalba Torreblanca, quien fungía como director interino de la Dirección de Gestión Tecnológica.
Desde el primer momento del debate, la defensa técnica de Armando Gómez ha planteado una estrategia orientada a cuestionar la validez del proceso. Los abogados defensores solicitaron formalmente la nulidad de la elevación de la causa a juicio oral, argumentando irregularidades en el procedimiento previo. Asimismo, la defensa ha solicitado que su representado sea juzgado exclusivamente por el hecho punible de asociación criminal, buscando que se descarten los demás cargos que le han sido endilgados en la acusación fiscal.
Por otro lado, la querella adhesiva ha intervenido en el proceso solicitando la inclusión de nuevos elementos probatorios. El objetivo de esta solicitud es reforzar la teoría del caso presentada por la fiscalía, aportando pruebas adicionales que permitan sustentar la responsabilidad de los acusados en el daño patrimonial causado al municipio.
El representante del Ministerio Público, el fiscal Luis Piñanez, ha detallado la mecánica de los hechos que originaron la causa. Según la investigación fiscal, el perjuicio económico nació a partir de una serie de anulaciones irregulares de facturas de pago de impuestos. Estos movimientos se habrían registrado en un periodo comprendido entre el 24 de enero de 2019 y el 25 de octubre de 2019.
La fiscalía sostiene que, durante ese lapso de tiempo, se llevaron a cabo un total de 5.538 anulaciones de comprobantes de pago. El valor nominal de estas anulaciones irregulares asciende a G. 6.866.903.957. Sin embargo, el impacto financiero total y el perjuicio patrimonial final causado a la administración municipal de Lambaré superan los 9.000 millones de guaraníes, según los cálculos presentados por el fiscal Piñanez.
Este caso pone bajo la lupa la gestión de los fondos públicos y la operatividad de los sistemas de recaudación tributaria del municipio, especialmente considerando la implicación de los directores de Finanzas, Tesorería y Gestión Tecnológica, quienes eran los responsables directos de la custodia y el control de los ingresos municipales.
El tribunal deberá ahora resolver los incidentes planteados por la defensa y evaluar la pertinencia de las pruebas solicitadas por la querella adhesiva antes de avanzar en el análisis del fondo de la cuestión. El juicio oral y público continuará evaluando si existió una concertación criminal entre el exintendente y sus funcionarios para ejecutar estas anulaciones y así defraudar el patrimonio de la ciudad de Lambaré.
