El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el nuevo cuadro macroeconómico, una herramienta fundamental que permite al Gobierno revisar y ajustar las previsiones sobre la evolución de la economía española. Esta actualización es clave, ya que constituye la base técnica sobre la cual el Ejecutivo elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.
En el centro de esta revisión se encuentra el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que ha sido revisado al alza. El Gobierno prevé ahora que la economía española crezca un 2,6% en 2026, lo que supone un incremento de cuatro décimas respecto a las estimaciones anteriores. Asimismo, el Ejecutivo ha proyectado una trayectoria de crecimiento sostenido, situando la estimación por encima del 2% para los tres años siguientes, extendiéndose hasta 2029.
Para analizar este ajuste, es necesario observar que las previsiones vigentes hasta el momento habían sido datadas en noviembre de 2025. En aquel entonces, se esperaba un crecimiento para 2026 del 2,2%, una cifra que no contemplaba dos factores determinantes: el impacto económico derivado de la guerra en Irán ni los efectos de las rebajas fiscales que fueron integradas en el plan de respuesta al mencionado conflicto.
Esta revisión oficial se produce en un contexto donde los principales servicios de estudios ya habían ajustado sus proyecciones. El Banco de España, por ejemplo, mantiene una previsión de crecimiento ligeramente más conservadora, situándola en el 2,3% para 2026, aunque eleva sus estimaciones de inflación hasta el 3,6% y sitúa el déficit público en el 2,4% del PIB para ese mismo año.
Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, fue el encargado de presentar este nuevo marco macroeconómico para el periodo 2026-2029. Además de la mejora para 2026, el Gobierno ha elevado en una décima la previsión para 2027, situándola en el 2,2%. Para los años posteriores, las estimaciones se fijan en un 2,1% para 2028 y un 2% para 2029.
El ministro Cuerpo destacó que, durante 2026, se mantiene el ritmo de la actividad económica, algo que se refleja claramente en indicadores como la afiliación a la Seguridad Social. Según el Ejecutivo, este dinamismo se ve impulsado en parte por el efecto positivo que está generando la regularización de inmigrantes. En línea con esta tendencia, el Gobierno prevé que el crecimiento en el segundo trimestre del año sea del 0,64% en tasa intertrimestral, una cifra que se sitúa al nivel o incluso ligeramente por encima de lo registrado en los primeros meses de 2026.
En cuanto al mercado laboral, las perspectivas son optimistas. El Ejecutivo estima que la tasa de paro bajará del 10% durante el presente año, situándose en el 9,9%, lo que representaría una caída de seis décimas respecto a 2025. La trayectoria descendente continuaría en los años siguientes, con previsiones del 9,4% para 2027, el 9% para 2028 y alcanzando el 8,5% en 2029.
El calendario administrativo seguirá avanzando la próxima semana con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En dicho encuentro se dará el siguiente paso para la elaboración de los Presupuestos de 2027, centrándose en la fijación del techo de gasto y los objetivos fiscales para las diversas administraciones públicas.
Paralelamente a las previsiones económicas, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para prorrogar durante tres meses más diversas medidas del "escudo" desplegado en marzo. Este paquete de medidas fue activado para mitigar el impacto de la guerra en Irán y comprendía 80 acciones diferentes con una inversión superior a los 5.000 millones de euros.
Dentro de estas prórrogas, se mantiene el alivio en el coste de la gasolina y el gasoil para los hogares, aunque el Gobierno ha advertido que estas ayudas se adaptarán a la normalización de los precios del crudo en los mercados internacionales. Específicamente, se ha aprobado una reducción gradual del impuesto especial a carburantes: una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. No obstante, se ha incluido una cláusula automática que permitiría regresar al apoyo de 20 céntimos por litro si el conflicto se recrudeciera y la inflación de los carburantes volviera a dispararse.
Finalmente, el Gobierno ha decidido mantener el apoyo en el carburante para los profesionales del sector transporte y el sector primario. En el caso específico de la agricultura, se han destinado 165 millones de euros adicionales en ayudas para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones de euros que ya estaban disponibles.
