El Tribunal Constitucional ha programado para después del periodo estival la resolución sobre la admisión a trámite de los recursos presentados contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Dicha condena se produjo en el marco de un proceso por revelación de secretos, vinculado a la filtración de información relativa a Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la actualidad, la alta corte gestiona dos recursos distintos que han sido conectados para su resolución conjunta. El primero de ellos es la impugnación presentada por la Fiscalía y el segundo corresponde a la Abogacía del Estado, organismo que actúa en representación de García Ortiz. Esta decisión de resolver ambos expedientes de manera simultánea se fundamenta en que ambos recursos se dirigen contra la misma resolución judicial y afectan a la misma persona, evitando así posibles contradicciones y optimizando los tiempos procesales. La magistrada ponente asignada para este caso es María Luisa Segoviano, de perfil progresista.
Según han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE, ambos recursos se encuentran actualmente a la espera del informe del letrado. Una vez emitido dicho documento, el tribunal deberá decidir sobre la avocación del caso al Pleno, un paso que se considera más que previsible, para posteriormente determinar si los recursos son admitidos a trámite.
No obstante, antes de avanzar en el fondo de la cuestión, el Tribunal Constitucional deberá resolver diversas cuestiones de trámite que podrían influir en la composición del órgano decisor. Entre los puntos más críticos se encuentra la posible abstención del presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido. Esta posibilidad surge debido a que Conde Pumpido fue superior jerárquico de Álvaro García Ortiz durante el periodo comprendido entre 2004 y 2011, cuando el primero ostentaba el cargo de fiscal general del Estado.
De manera paralela, han surgido dudas sobre la permanencia de la ponente María Luisa Segoviano en el caso. Diversas fuentes señalan que Segoviano podría abstenerse tras haber expresado palabras de "mucho ánimo" al ex fiscal general durante el acto de toma de posesión de Teresa Peramato, la actual sucesora al frente del Ministerio Público. Según estas mismas fuentes, en caso de que la magistrada decida no abstenerse voluntariamente, es probable que alguna de las partes implicadas interponga un recurso de recusación. Estos dos escenarios de abstención o recusación podrían alterar significativamente el equilibrio de fuerzas dentro del tribunal al momento de decidir la admisión de los recursos.
Para contextualizar el origen de este conflicto legal, cabe recordar que Álvaro García Ortiz, quien lideró la Fiscalía General del Estado entre los años 2022 y 2025, fue condenado a una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo. La sentencia se basó en la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico donde se admitían dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, la condena incluyó la emisión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, relativa a la investigación abierta contra González Amador.
En el recurso interpuesto el pasado abril, la Fiscalía solicitó la anulación total de la sentencia, argumentando que el Tribunal Supremo vulneró derechos fundamentales de García Ortiz. Entre ellos, se destaca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la ausencia de un proceso que contara con todas las garantías judiciales necesarias.
Por su parte, la Abogacía del Estado también solicitó la anulación de la resolución, denunciando la vulneración de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva. Además, este organismo puso el foco en lo que calificó como una "desproporción de las medidas y falta de motivación" en relación con el registro llevado a cabo en la sede de la Fiscalía General.
Simultáneamente a este proceso en el Tribunal Constitucional, el Gobierno de España tiene pendiente una decisión sobre la solicitud de indulto presentada por tres ciudadanos en favor de García Ortiz, quien actualmente desempeña sus funciones en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo. El Ejecutivo ya dispone de los informes preceptivos, aunque no vinculantes, para tomar una decisión. El Tribunal Supremo ha manifestado su rechazo a cualquier tipo de indulto, ya sea total o parcial. En sentido contrario, el Ministerio Público ha emitido un informe en el que apoya la concesión de un indulto parcial, centrado específicamente en la pena de inhabilitación.
