Ecuador ha sido incorporado por primera vez al Índice Global de Tortura 2026, una herramienta de evaluación internacional desarrollada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Este índice tiene como objetivo analizar las condiciones de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en diversos países, evaluando la solidez de los sistemas estatales para prevenir, investigar y sancionar dichas violaciones.
El informe sostiene que el contexto de seguridad implementado en el país desde el año 2024 ha generado un incremento en los factores de riesgo para la protección de los derechos humanos. De acuerdo con la OMCT, la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, sumada a la aplicación reiterada de estados de excepción, ha provocado un debilitamiento en los mecanismos de control institucional y en los procesos de rendición de cuentas.
La evaluación realizada por la organización se estructura sobre siete áreas fundamentales relacionadas con la prevención de la tortura. En este análisis, Ecuador obtuvo niveles de riesgo que oscilan entre "considerable" y "muy alto". Las alertas más críticas se concentran en la situación de las personas privadas de libertad y en la garantía de los derechos de las víctimas. Asimismo, se registraron calificaciones de alto riesgo en aspectos clave como el combate a la impunidad, la violencia institucional, la protección de la población y el acceso efectivo a la defensa jurídica.
Dentro del cuerpo del informe se recopilan diversas denuncias que incluyen desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías judiciales. También se señalan presuntos casos de uso excesivo de la fuerza durante la ejecución de operativos de seguridad. La OMCT advierte que estas situaciones impactan de manera desproporcionada a los grupos en condición de vulnerabilidad, destacando especialmente a las comunidades afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas en situación de pobreza y los menores de edad.
En cuanto a datos cuantitativos, la organización ha registrado al menos 51 desapariciones forzadas que presuntamente fueron atribuidas a agentes estatales durante el desarrollo de operaciones de seguridad. Además, entre los años 2024 y 2026, se han contabilizado 369 denuncias de tortura. El organismo internacional advierte que una gran parte de estas investigaciones no han alcanzado una resolución judicial definitiva, una situación que, según el informe, alimenta los escenarios de impunidad en el país.
Un punto crítico resaltado en el contexto de estas violaciones es el caso de los niños de Las Malvinas, donde en el marco de un juicio se identificaron detenciones ilegales y actos de tortura cometidos contra menores de edad. Esta situación se suma a las denuncias sobre la crisis sanitaria en el sistema carcelario, donde se han reportado presos con signos evidentes de desnutrición.
La OMCT concluye que la aplicación prolongada de medidas excepcionales, tales como los toques de queda y los estados de excepción, requiere de controles institucionales más estrictos. Esto es fundamental, según la organización, para evitar abusos de poder y garantizar que la protección de los derechos fundamentales sea efectiva incluso en contextos de crisis de seguridad.
Sobre la herramienta de medición, el Índice Global de la Tortura (Global Torture Index) fue lanzado oficialmente en 2025. Para la edición de 2026, el índice analiza un total de 39 países distribuidos en cinco regiones del mundo. El desarrollo de este índice es el resultado de un trabajo conjunto entre la OMCT y más de 200 organizaciones de derechos humanos que forman parte de la red SOS-Torture. El sistema no se limita a contabilizar casos individuales, sino que mide la capacidad estructural del Estado para evitar que ocurran actos de tortura y asegurar que los responsables sean sancionados a través de los siete pilares de prevención establecidos por la red.
