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Kast rechaza presiones de la oposición para desplegar militares en seguridad pública

El presidente chileno, José Antonio Kast, critica a la oposición por presionar para usar militares en seguridad pública, pidiendo no politizar su despliegue.

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Kast rechaza presiones de la oposición para desplegar militares en seguridad pública
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, rechazó las presiones de la oposición y diversos alcaldes para desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas. Pese a la indignación social tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, el mandatario advirtió que no permitirá que el uso de la fuerza militar sea instrumentalizado con fines partidistas. Kast cuestionó la coherencia de quienes hoy exigen ayuda castrense tras haber denostado a estas instituciones en el pasado. El mandatario subrayó que cualquier intervención en las calles debe contar con un respaldo legal exhaustivo que blinde a los efectivos frente a posibles condenas judiciales, evitando que sean abandonados por quienes hoy solicitan su presencia. Aunque la administración ya realizó cambios en el Ministerio de Seguridad y reporta una caída del 13 por ciento en los robos violentos, la presión política persiste. Ante esto, el Gobierno sostiene que actuará de manera planificada mediante su plan de emergencia y nuevas leyes contra las incivilidades.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha manifestado un firme rechazo a las presiones ejercidas por diversos sectores de la oposición política que solicitan la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública dentro de los centros urbanos. Durante su intervención en un acto organizado por el partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), el mandatario instó a los actores políticos a evitar que el despliegue de efectivos militares sea utilizado con fines estrictamente partidistas o políticos.

El jefe de Estado fue enfático al señalar la contradicción que percibe en los sectores que hoy demandan la presencia militar en las calles. Kast subrayó que resulta inaceptable que aquellas figuras y grupos que en el pasado denigraban y denostaban a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales sean los mismos que, en la actualidad, presionen para que se ordene el despliegue de la fuerza militar en el espacio público.

Este debate sobre la seguridad nacional y el uso de los militares ha cobrado una fuerza renovada durante la última semana en el país austral. La presión ha aumentado significativamente debido a las solicitudes formales y públicas realizadas por diversos alcaldes, líderes de partidos de oposición y otros actores políticos, quienes han pedido al Gobierno evaluar la implementación de efectivos castrenses en zonas urbanas críticas.

El detonante de este recrudecimiento en la demanda social y política fue un trágico suceso ocurrido el pasado lunes en la comuna de San Bernardo, situada al sur de Santiago. En dicho incidente, un niño de 12 años perdió la vida tras ser arrastrado por un vehículo conducido por delincuentes juveniles que perpetraron un robo. Este hecho ha generado una ola de indignación que ha impulsado las peticiones de medidas más drásticas en materia de seguridad.

Ante este escenario, el líder conservador aseguró que cualquier solicitud de colaboración hacia las Fuerzas Armadas debe ir acompañada de un respeto absoluto y un respaldo institucional sólido. Según Kast, no se puede pedir la ayuda de estas instituciones si no se les otorga la consideración que corresponde, insistiendo nuevamente en que no deben ser instrumentos para obtener ventajas políticas.

En términos operativos y jurídicos, el presidente explicó que cualquier colaboración de las instituciones castrenses debe estar blindada con un respaldo político, jurídico y legal exhaustivo. El objetivo de este marco normativo sería garantizar que ningún miembro de las fuerzas sea condenado posteriormente por el ejercicio de sus funciones. Bajo esta premisa, Kast afirmó que, en caso de requerirse la ayuda militar, el Gobierno actuará de manera responsable y planificada.

El mandatario cuestionó la coherencia de quienes exigen la presencia militar sin considerar las consecuencias legales para el personal operativo. En sus palabras, señaló que hay quienes piden a los militares en la calle sin que se les "mueva un pelo", pero puso en duda si esos mismos sectores defenderían al militar en caso de que este tuviera que actuar utilizando armamento letal, sugiriendo que probablemente lo dejarían "abandonado" ante las consecuencias judiciales.

Es importante destacar que la gestión de seguridad de la administración de Kast ha sido un punto crítico de debate, incluso dentro de su propio oficialismo. El Gobierno llegó al poder bajo la promesa de implementar un "Gobierno de emergencia" diseñado para combatir la crisis de seguridad y la situación económica que, según la visión del mandatario, atraviesa Chile.

Esta presión y las críticas constantes llevaron a Kast a realizar su primer cambio de gabinete en mayo pasado, apenas dos meses después de haber asumido el mando en La Moneda. En dicho movimiento, el presidente reemplazó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, designando en su lugar a Martín Arrau, quien anteriormente se desempeñaba como ministro de Obras Públicas.

Posteriormente, durante la primera cuenta pública ofrecida a principios de junio, el presidente conservador defendió su estrategia de seguridad. Entre las medidas anunciadas, destacan un proyecto de ley contra las incivilidades y los desórdenes públicos, la creación de un registro de vándalos y un plan integral de intervención de barrios críticos.

No obstante, los datos oficiales parecen contrastar con la percepción de crisis que impulsa a la oposición. El reporte más reciente de la Subsecretaría de Prevención del Crime chilena, emitido en mayo, informó que los robos violentos experimentaron una caída del 13 % durante el último trimestre. Asimismo, el informe indicó que los delitos contra las personas también mostraron una tendencia a la baja.

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