La reciente victoria de la oposición en el Tribunal Constitucional (TC), que resultó en la declaración de inconstitucionalidad de cuatro normas del proyecto Escuelas Protegidas —una de las iniciativas más emblemáticas del actual gobierno—, ha desencadenado un intenso debate interno en los sectores progresistas. La controversia no se centra únicamente en el fallo jurídico, sino en la coherencia política de la izquierda al recurrir a una instancia que, históricamente, ha cuestionado y calificado como ilegítima dentro del orden democrático e institucional del país.
Este escenario revive una tradición arraigada en gran parte de la izquierda, la cual ha visto en la figura del Tribunal Constitucional un obstáculo para la voluntad popular. Durante la última década, uno de los críticos más vocales ha sido el académico constitucionalista y exconvencional Fernando Atria. El abogado ha sostenido reiteradamente que el TC no funciona como un tribunal técnico, sino como una "tercera cámara" legislativa, sugiriendo que sus decisiones no se basan en argumentos jurídicos objetivos, sino en las afinidades políticas de quienes lo integran.
Según la visión de Atria, el organismo actúa como una extensión contramayoritaria del Congreso, donde los fallos se inclinan hacia la derecha si la mayoría de los ministros son afines a ese sector, o hacia la izquierda si la correlación de fuerzas cambia. Esta postura fue especialmente visible cuando el pleno estaba integrado por figuras como el exministro Juan Ignacio Vásquez, el ministro Miguel Ángel Fernández o los expresidentes Juan José Romero, María Luisa Brahm, Iván Aróstica y Marisol Peña, periodo en el cual la derecha lograba mayorías, a menudo gracias al voto dirimente del presidente del tribunal.
Sin embargo, el panorama actual ha forzado una reinterpretación de esta postura. Bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la correlación de fuerzas en el pleno del TC se ha transformado, surgiendo una mayoría percibida como más afín al progresismo. En este grupo destacan las ministras Nancy Yáñez y Daniela Marzi, designadas por Boric, junto a la ministra y exmilitante del PS, Catalina Lagos. A ellas se suman María Pía Silva, exmilitante DC, y Alejandra Precht, propuesta en la Cámara por la DC. En la otra acera se encuentran los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo, además de los jueces de carrera judicial Raúl Mera y Mario Gómez.
Ante esta nueva realidad, donde la izquierda es minoría en el Congreso y el país es gobernado por el Presidente José Antonio Kast, los sectores progresistas han comenzado a reconciliarse con la vía del TC. Esta estrategia ya se aplicó para impugnar el proyecto Escuelas Protegidas y existen indicios de que será replicada contra la megarreforma y el Registro de Vándalos.
A través de la red social X, Fernando Atria respondió a una consulta del exconcejal DC Pablo Jaeger sobre esta aparente contradicción. Atria confesó que, si el tribunal funciona como una cámara, es lógico utilizarlo cuando su composición es favorable. "Que cambie su ‘jurisprudencia’ porque cambió su composición no niega sino ratifica que es una cámara. Con una correlación de fuerzas que a mí me parece adecuada, claro, lo que permite anticipar que su ‘jurisprudencia’ será en general más acertada que la anterior. Y dado que existe, si este es el caso, no veo por qué no usarla", argumentó el académico.
Atria insistió en que el TC sigue siendo una "mala institución" precisamente porque sus decisiones dependen del tamaño de sus bancadas y no de criterios puramente judiciales. Ante las críticas de usuarios que calificaron su postura de "acomodaticia", el constitucionalista respondió distinguiendo entre la conveniencia de tener tres cámaras y la acción necesaria a tomar dado que dichas competencias ya están fijadas por ley.
No obstante, no todas las voces del progresismo comparten esta visión pragmática. Cristóbal Osorio, académico y experto en Derecho Público, advirtió que revalorizar al Tribunal Constitucional solo por conveniencia coyuntural representa un riesgo tanto para la institución como para la izquierda. Osorio señaló que esta estrategia asfixia la capacidad del Congreso para canalizar el debate público y sugiere que la izquierda, al intentar atrincherarse en estas recetas, podría estar perdiendo la sintonía con las demandas sociales reflejadas en las urnas.
El experto concluyó que quienes antes denunciaban que una "tercera cámara" restaba valor democrático caen hoy en una contradicción, cuestionando si la democracia pierde valor solo cuando no se alinea con sus propios intereses. Para Osorio, el instrumentalismo político tiene una fecha de caducidad rápida y abogó por actuar con seriedad y sentido de futuro, incluso en la derrota.
