El Concejo Cantonal de Guayaquil resolvió, mediante una votación mayoritaria, mantener en el cargo de alcalde a Aquiles Álvarez. A pesar de esta decisión, que asegura su permanencia formal en la jefatura municipal, la alcaldía continuará siendo subrogada por Tatiana Coronel debido a la situación jurídica actual que atraviesa Álvarez. La determinación fue el resultado de un proceso de votación donde doce de los quince concejales se manifestaron a favor de su permanencia.
Esta resolución se tomó tras el análisis y la presentación del informe emitido por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, documento fundamental dentro del procedimiento de remoción que había sido seguido en contra del mandatario local. La sesión fue convocada el día anterior a través de un documento suscrito por el secretario del cabildo, Jaime Tejada Franco. La reunión comenzó puntualmente a la hora programada, contando con la asistencia de la totalidad de los concejales, teniendo como único punto del orden del día el análisis del mencionado informe.
Durante el desarrollo de la sesión, se procedió a la lectura íntegra del informe antes de abrir el espacio para que los ediles expusieran sus argumentos técnicos y políticos previos a la emisión de sus votos. Todo el procedimiento se llevó a cabo bajo el marco legal establecido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Al respecto, el concejal Arturo Escala, quien formó parte de la comisión, detalló que el informe técnico integraba la relación de los hechos ocurridos, las pruebas presentadas por las partes involucradas, el análisis jurídico correspondiente y la jurisprudencia constitucional, tanto la adoptada por la comisión como la sugerida por las partes.
En la sesión estuvo presente David Norero, abogado defensor de Aquiles Álvarez, quien intervino para argumentar en favor de su representado. Norero sostuvo que su presencia tenía como fin defender al alcalde frente a un propósito de remoción impulsado por una parte actora que no se encontraba presente en la sesión. El abogado señaló que los ediles estaban actuando en calidad de jueces en lo que calificó como un "juicio político", subrayando que dicha decisión debía basarse en las pruebas aportadas, asegurando que únicamente la defensa del alcalde había presentado evidencias sustanciales.
Asimismo, Norero instó a los concejales a no dejarse influenciar por los titulares de la prensa ni por la opinión pública, sino a ceñirse estrictamente a las pruebas y a lo dictaminado en el informe, refiriéndose a los ediles como una "contramayoría". En su intervención, el abogado cuestionó la legalidad de la prisión preventiva dictada contra Álvarez, solicitando al Concejo rechazar dicha medida y denunciando que el poder se había sometido a la justicia para que el alcalde cumpliera prisión en un centro de máxima seguridad.
Por su parte, la concejal Soledad Diab, quien leyó el punto del orden del día, manifestó que este proceso permitiría que el país conociera la solicitud de remoción dentro del marco legal. Diab afirmó que no se han probado los delitos imputados al alcalde y calificó la situación como una "ausencia forzada", argumentando que Álvarez no se encuentra ausente por voluntad propia ni por una justicia transparente, sino por una decisión de carácter político.
En el transcurso de la sesión, la concejal Ana Chóez (exPSC) solicitó un receso de entre treinta minutos y una hora con el objetivo de leer detenidamente el informe de la defensa, alegando que esto era necesario para precautelar el debido proceso. No obstante, la sesión continuó su curso. El concejal Fabián Espín (RC) intervino para criticar al Gobierno, asegurando que Álvarez no está preso por la comisión de delitos. Espín afirmó enérgicamente que, de ser así, habría otros miembros de la familia presidencial y ministros encarcelados, mencionando específicamente el caso de un ministro y la compra de motores inservibles a la empresa Progen. Para Espín, el proceso contra el alcalde responde a "motivos electorales". Además, criticó la institucionalidad de la República y la función judicial, mencionando la salida de Diana Atamaint de la presidencia del CNE.
La concejal Ana Fuentes también se pronunció a favor de Álvarez, indicando que se acogían las pruebas de descargo presentadas por la defensa. Fuentes calificó de improcedente la remoción, argumentando que es de conocimiento público que el alcalde se encuentra preso sin tener una sentencia ejecutoriada, por lo que su ausencia no es voluntaria.
En contraste, la concejal Cynthia García expresó que, aunque cree en la presunción de inocencia, consideraba que Álvarez ya había agotado todos los recursos y plazos disponibles en licencias y vacaciones, concluyendo que, por razones de tiempo, no debería continuar siendo alcalde. Esta postura fue rechazada por la concejal Juana Montero, quien negó la existencia de acuerdos previos o votos pactados y anticipó su voto a favor de la permanencia de Álvarez.
Finalmente, la concejal Nelly Pullas sostuvo que, si bien la prisión preventiva no es una causal directa de destitución, sí representa una imposibilidad de ejercer el cargo mientras se resuelve la situación jurídica. Según Pullas, corresponde al órgano municipal declarar el abandono del cargo, por lo que votó a favor de la destitución en aras de "sacar adelante a Guayaquil". En sentido opuesto, Blanca López (RC) defendió al alcalde señalando que, al no existir sentencia ejecutoriada, su ausencia no es una decisión propia, calificando el trato hacia Álvarez como "crueldad" y "deshumanización", recordando que se trataba de un juicio político.
Para que la remoción de Aquiles Álvarez fuera efectiva, se requería una mayoría de al menos diez de los quince concejales. Con doce votos a favor de su permanencia, el alcalde fue ratificado en su cargo. La sesión fue dirigida y conducida por la alcalde subrogante, Tatiana Coronel.
