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Procuraduría advierte riesgos y se suspende contratación en la Fiduprevisora

Mientras mueven a directivos, buscan arrendar equipos de cómputo y portátiles por 36 meses. No se conoce análisis de mercado ni estudios previos.

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Procuraduría advierte riesgos y se suspende contratación en la Fiduprevisora
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Escándalo en la Fiduprevisora: la Procuraduría General de la Nación y una veeduría ciudadana han detectado graves irregularidades en los procesos de contratación bajo la presidencia de Diego Andrés Salcedo Monsalve. Las alertas emitidas por el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado revelan riesgos críticos que comprometen la transparencia de la entidad. Como consecuencia directa de estos hallazgos, se ha decretado la suspensión total de la contratación en la institución. Esta medida drástica busca frenar posibles faltas disciplinarias y proteger los recursos públicos mientras se corrigen los procedimientos administrativos.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ha revelado una serie de hallazgos críticos relacionados con los procesos de gestión y contratación dentro de la Fiduprevisora. De acuerdo con la información procesada y actualizada al 26 de junio de 2026, el organismo de control ha puesto el foco sobre las operaciones administrativas de esta entidad, señalando irregularidades potenciales que han derivado en medidas preventivas drásticas.

En el centro de este seguimiento periodístico se encuentran dos figuras clave para entender el desarrollo de los hechos. Por un lado, Marcio Melgosa Torrado, quien se desempeña como el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Su rol es fundamental, ya que es la autoridad encargada de emitir las alertas necesarias para evitar que se cometan faltas disciplinarias o se afecten los recursos públicos antes de que los daños sean irreversibles. Por otro lado, la noticia vincula directamente a Diego Andrés Salcedo Monsalve, quien ocupa el cargo de presidente de la Fiduprevisora, siendo el máximo responsable de la ejecución y dirección de la entidad bajo escrutinio.

Uno de los puntos neurálgicos de la investigación es la existencia de una advertencia formal de riesgos emitida por la Procuraduría General de la Nación. Este documento, resaltado por la Unidad Investigativa, se dirige específicamente a los procesos de contratación de la Fiduprevisora. La advertencia de riesgos es un mecanismo legal mediante el cual el ente de control notifica a la entidad que existen pasos o procedimientos en la contratación que podrían vulnerar la normativa vigente o exponer la gestión pública a riesgos innecesarios. Esta acción de vigilancia preventiva busca que la administración corrija el rumbo de sus procesos contractuales para alinearlos con la ley.

Sumado a la intervención de la Procuraduría, el reporte periodístico destaca la participación activa de una veeduría ciudadana. Esta instancia de control social ha presentado una serie de observaciones detalladas sobre la contratación en la Fiduprevisora. Las veedurías, como herramientas de participación ciudadana, tienen la función de vigilar la gestión pública, y en este caso, sus observaciones han servido para alimentar la preocupación sobre cómo se están adjudicando y ejecutando los contratos en la entidad. La convergencia entre las alertas de la Procuraduría y las observaciones de la veeduría sugiere un escenario de fragilidad administrativa en la gestión contractual.

El punto más crítico de la revelación es la existencia de un comunicado oficial donde se anuncia la suspensión de la contratación en la Fiduprevisora. Esta medida representa la consecuencia directa de las advertencias previas y las observaciones recibidas. La suspensión de la contratación es una acción drástica que paraliza la capacidad de la entidad para generar nuevos vínculos contractuales mientras se resuelven las dudas o se implementan las correcciones exigidas por los entes de control. Este hecho confirma que los riesgos advertidos por Marcio Melgosa Torrado y las observaciones de la veeduría alcanzaron un nivel de gravedad que obligó a detener la operatividad contractual de la institución.

La información, que ha sido actualizada hasta las 06:00 horas del 26 de junio de 2026, subraya la importancia de la vigilancia preventiva en la función pública. El caso de la Fiduprevisora, bajo la presidencia de Diego Andrés Salcedo Monsalve, se convierte en un ejemplo de cómo la interacción entre los organismos de control estatal y la veeduría ciudadana puede llevar a la detención de procesos administrativos cuando se detectan riesgos potenciales.

Hasta el momento, la Unidad Investigativa ha mantenido el seguimiento de estos eventos, enfatizando la relación entre las advertencias preventivas y el comunicado final de suspensión. Los hechos descritos ponen de manifiesto una tensión administrativa donde la legalidad de la contratación ha sido cuestionada, llevando a la entidad a un estado de pausa contractual obligatoria para garantizar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos.

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