El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha tomado una decisión procesal clave en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre el hallazgo de un conjunto de joyas en la oficina del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha extendido un ofrecimiento formal a la Agencia Tributaria (AEAT), a través de la Abogacía del Estado, para que este organismo se persone en la pieza separada del procedimiento judicial que indaga el origen y la legalidad de dichas piezas.
La valoración estimada de este conjunto de joyas asciende a 1,3 millones de euros, una cifra que ha impulsado la necesidad de involucrar a las autoridades fiscales en el proceso. Según se desprende de un auto judicial al que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado Calama considera que la Agencia Tributaria debe actuar en su condición de “posible perjudicada”. Esta calificación jurídica se basa en que los hechos que se están investigando podrían constituir delitos contra la Hacienda Pública, así como un presunto delito de contrabando.
En los fundamentos de su decisión, el juez Calama sostiene que la naturaleza de los indicios recabados hasta el momento evidencia un perjuicio patrimonial directo. Este perjuicio estaría vinculado a ingresos que son de titularidad estatal y cuya gestión recae específicamente en la AEAT. Bajo este razonamiento, el magistrado entiende que el organismo fiscal está plenamente habilitado para ejercitar todas las acciones penales y civiles que resulten procedentes para proteger los intereses del Estado.
El núcleo de esta pieza separada es el descubrimiento de cerca de 80 piezas de joyería, las cuales fueron localizadas por agentes de la Policía Nacional. El hallazgo se produjo durante un registro realizado en la oficina del exsecretario general del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, donde las joyas se encontraban resguardadas en una caja fuerte. La tasación de estas piezas fue llevada a cabo por la histórica joyería Ansorena, que determinó que el valor total del conjunto es de 1,3 millones de euros.
Recientemente, José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante el juez Calama. Durante dicha intervención, el expresidente evitó ofrecer aclaraciones detalladas sobre la procedencia y la propiedad de las piezas localizadas en su despacho. En lugar de responder a los interrogatorios sobre este punto concreto, señaló que se pronunciaría en un plazo comprendido entre siete y diez días, momento en el cual solicitaría una nueva declaración centrada exclusivamente en este asunto.
Previo a esta comparecencia, la defensa técnica del expresidente intentó solicitar el aplazamiento de esta parte del interrogatorio. El argumento de los abogados defensores se basaba en que habían contado con un margen de tiempo insuficiente para preparar la estrategia legal necesaria desde que se produjo la tasación oficial de las joyas por parte de la joyería Ansorena la semana anterior.
Sin embargo, el magistrado José Luis Calama rechazó tajantemente esta petición de postergación. El juez recordó a la defensa que el hallazgo físico de las joyas se había producido el pasado 19 de mayo, por lo que consideró que el tiempo transcurrido desde entonces había sido más que suficiente para que la defensa articulara su estrategia y preparara los argumentos necesarios para la comparecencia.
Tras la incorporación formal del informe de tasación al procedimiento, el magistrado ha procedido a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero un presunto delito fiscal y otro de contrabando. Esta decisión judicial se fundamenta en el hecho de que, hasta la fecha, el origen de las joyas no ha sido justificado, lo que mantiene la sospecha sobre la legalidad de su adquisición o entrada en el país. Con la personación de la Agencia Tributaria, el proceso entrará en una fase donde se analizará minuciosamente el posible perjuicio económico para el erario público.
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