La expresidenta del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, ha formalizado una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP), centrando sus acusaciones en el presunto robo de los fondos correspondientes a la deuda política de dicha institución. La acción legal apunta directamente hacia Nasralla, buscando que las autoridades competentes inicien las investigaciones pertinentes para determinar el destino de los recursos financieros que debieron ser asignados al partido.
Durante su comparecencia ante el ente fiscalizador, Alvarenga hizo un énfasis particular en la necesidad imperativa de que se retome una auditoría forense. Según detalló la denunciante, esta solicitud de revisión exhaustiva de las cuentas fue planteada originalmente desde el año 2017, sin que hasta la fecha se haya concretado un resultado definitivo o una respuesta satisfactoria que aclare el manejo de los activos del partido.
La expresidenta del PAC manifestó una profunda preocupación y cuestionamiento respecto al tiempo transcurrido desde que se solicitaron las primeras investigaciones. Alvarenga señaló que el hecho de que hayan pasado nueve años sin obtener una respuesta clara genera serias dudas sobre el funcionamiento y el actuar de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país. Para la denunciante, esta demora injustificada en el proceso sugiere una falta de voluntad o eficiencia en la resolución de casos que involucran el manejo de fondos públicos y políticos.
Además de la denuncia contra Nasralla, Marlene Alvarenga solicitó formalmente que se instaure un juicio político contra la diputada Iroshka Elvir. La petición se extiende también hacia otros integrantes de una junta directiva que estuvo vinculada al caso en su momento. El argumento central de esta solicitud es que dichos funcionarios y dirigentes deben responder legal y políticamente por las decisiones tomadas durante sus gestiones, las cuales, según Alvarenga, habrían conducido a la situación irregular actual de los fondos del PAC.
En el marco de sus declaraciones, la exdirigente reclamó la urgente necesidad de esclarecer el destino final de los fondos de la deuda política. Alvarenga fue enfática al asegurar que, durante el periodo en que ella ejerció la presidencia del Partido Anticorrupción, nunca recibió una rendición de cuentas formal ni detallada sobre esos recursos. Esta ausencia de transparencia financiera es uno de los puntos clave que sustentan su denuncia, ya que sostiene que la falta de informes oficiales impidió un control adecuado sobre el patrimonio de la organización política.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público busca no solo la recuperación de los fondos, sino también establecer responsabilidades claras sobre quienes administraron el dinero de la deuda política. La solicitud de la auditoría forense es vista como la herramienta técnica fundamental para desglosar los movimientos bancarios y contables, permitiendo identificar dónde se produjo la supuesta desviación de los recursos y quiénes fueron los beneficiarios directos de tales acciones.
Con esta acción legal, Marlene Alvarenga coloca el caso nuevamente en la agenda judicial, exigiendo que el Ministerio Público actúe con celeridad para romper el ciclo de silencio que ha prevalecido durante casi una década. La demandante sostiene que la transparencia en el uso de la deuda política es fundamental para la legitimidad de cualquier institución partidaria, y que el esclarecimiento de estos hechos es un paso necesario para hacer justicia frente a los presuntos robos cometidos contra el PAC.
Finalmente, la expresidenta reiteró que el juicio político solicitado contra Iroshka Elvir y los miembros de la junta directiva es la vía adecuada para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos, subrayando que ninguna autoridad o dirigente debe estar exento de rendir cuentas sobre el manejo de los fondos destinados a la actividad política.
