La situación política y social en Nicaragua ha alcanzado niveles críticos de deterioro desde el año 2018, cuando una serie de protestas ciudadanas contra una reforma al sistema de pensiones desencadenaron una respuesta violenta por parte del Estado. Bajo la dirección de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen ha implementado una escalada autoritaria que ha transformado profundamente la estructura democrática del país, dejando un rastro de violencia y persecución sistemática.
De acuerdo con la documentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el costo humano de esta represión es alarmante. Se han registrado al menos 355 personas fallecidas y 3,200 detenciones arbitrarias. El control del régimen se ha extendido mediante la práctica de desapariciones forzadas y una persecución implacable contra cualquier forma de disidencia. En un ataque directo a la sociedad civil, se ha procedido al cierre de aproximadamente 5,400 organizaciones, eliminando los espacios de participación ciudadana y fiscalización.
Además, el régimen ha implementado medidas extremas de exclusión jurídica y política, como la desnacionalización de 452 personas, quienes fueron declaradas oficialmente como “traidoras a la patria”. Estos abusos no han pasado desapercibidos para los organismos internacionales; tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como el Grupo de Trabajo sobre Desaparecidos Forzados o Involuntariamente (GHREN) de las Naciones Unidas han señalado que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales deben ser investigados y sancionados conforme a derecho.
La represión no ha disminuido con el tiempo, sino que ha evolucionado. Un caso reciente y emblemático es la muerte de Brooklyn Rivera, diputado y líder histórico miskitu, quien falleció el pasado 30 de mayo tras haber permanecido 32 meses víctima de una desaparición forzada. Este hecho subraya la persistencia de las tácticas de terror estatales contra los líderes indígenas y políticos.
Asimismo, la violencia del régimen ha traspasado las fronteras nacionales, evidenciando la existencia de una red transnacional de represión. El asesinato de Roberto Samcam en junio de 2025, en San José, Costa Rica, sirve como prueba de este alcance. Samcam, quien era opositor y mayor del ejército en retiro, había denunciado previamente la operatividad de esta red, una advertencia que también ha sido documentada por el GHREN, confirmando que el brazo ejecutor del régimen Ortega-Murillo puede alcanzar a sus adversarios fuera de Nicaragua.
En el plano institucional, la democracia nicaragüense ha sido desmantelada. La impunidad es la norma predominante debido a que el gobierno ejerce un control absoluto sobre todos los poderes del Estado y sus instituciones. Esta hegemonía permitió la permanencia en el poder de los Ortega-Murillo mediante procesos electorales amañados, destacando las elecciones de 2021, las cuales fueron calificadas como ilegítimas tanto por la oposición interna como por la comunidad internacional. A este escenario se sumó una reforma constitucional implementada en 2025, que terminó de consolidar la estructura de un régimen familiar autoritario.
Ante esta tragedia, Antonia Urrejola Noguera, excanciller de Chile y expresidenta de la CIDH, sostiene que la recuperación de la democracia en Nicaragua no podrá lograrse únicamente a través de las presiones o acciones de la comunidad internacional. La clave reside en la capacidad de la oposición en el exilio para construir una unidad real y efectiva. Esta unidad es compleja, pues implica la convergencia de personas con visiones políticas opuestas, pero es indispensable para enfrentar la barbarie y el autoritarismo.
Para que dicha unidad sea sólida, Urrejola enfatiza que debe basarse en un pilar común y explícito: el respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos. Sin este fundamento, cualquier esfuerzo de cohesión sería frágil y cualquier futura transición política podría quedar vulnerable a la aparición de nuevos proyectos autoritarios. La historia de Nicaragua ya ha demostrado los peligros de transiciones que no cuentan con estos pilares básicos, y el país no puede permitirse caer nuevamente en la misma trampa.
Finalmente, el caso nicaragüense ofrece una lección para la región. La experiencia sugiere que la promoción de acuerdos estables sobre democracia y derechos humanos entre adversarios políticos es la única vía para evitar que el cambio de gobierno en cada proceso electoral ponga en riesgo los consensos básicos de la vida en sociedad.
