El Presidente de la República, José Antonio Kast, se pronunció este martes sobre la controversia en torno al posible despliegue de las Fuerzas Armadas en sectores urbanos con el objetivo de combatir la delincuencia. Esta declaración surge en un momento de alta sensibilidad social, tras el fallecimiento de un menor de apenas 12 años, quien perdió la vida durante una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo.
El mandatario abordó este complejo tema mientras participaba en un encuentro ciudadano desarrollado en la localidad de Lautaro, perteneciente a la Región de La Araucanía. Durante su intervención, el jefe de Estado analizó la viabilidad y los riesgos que implicaría movilizar efectivos militares para labores de seguridad pública en las ciudades, marcando una postura cautelosa frente a las demandas de mayor presencia armada en las calles.
En sus declaraciones, el Presidente Kast reforzó la línea ya trazada durante la jornada por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. El biministro, quien se dirigió al Congreso Nacional, había indicado previamente que, si bien es habitual que surjan presiones sociales y políticas para el despliegue militar luego de hechos violentos y trágicos como el ocurrido en San Bernardo, la estrategia actual del Ejecutivo no se orienta en esa dirección. Según explicó Alvarado, los esfuerzos del Gobierno están concentrados estrictamente en fortalecer a las policías, entendiendo que son estas instituciones las herramientas adecuadas para la lucha contra la delincuencia.
Para fundamentar su rechazo al despliegue de militares en zonas urbanas, el Presidente Kast recurrió a la memoria institucional y a los eventos ocurridos durante el estallido social. El mandatario recordó que, en aquel periodo, se decretó un estado de excepción constitucional que permitió que los efectivos militares salieran a las calles para resguardar el orden público. Según el jefe de Estado, esa experiencia dejó lecciones dolorosas y consecuencias legales graves para los integrantes de las fuerzas regulares.
De manera específica, el Presidente puso el ejemplo del caso del conscripto Carlos Robledo. Kast recordó que Robledo tenía solo 18 años al momento de los hechos ocurridos en 2019 en la ciudad de La Serena. En dicha oportunidad, el joven militar abrió fuego contra un manifestante siguiendo las órdenes de un superior, acción que provocó la muerte de un ciudadano. El resultado judicial de este evento fue una condena de 10 años de cárcel para el joven conscripto.
Sobre este punto, el Presidente fue enfático al señalar la vulnerabilidad de los jóvenes que realizan el servicio militar. “En nuestra patria, cuando se le pidió la colaboración hace pocos años atrás a las Fuerzas Armadas, se produjeron hechos terribles como el fallecimiento de ciudadanos porque algún joven que estaba haciendo servicio militar voluntario tuvo que tomar una acción que estaba estipulada y falleció una persona”, manifestó Kast durante el encuentro en Lautaro.
El mandatario profundizó en el drama personal y legal de quienes quedan expuestos en estas situaciones, cuestionando el destino de aquellos que cumplen órdenes en contextos de crisis urbana. “¿Qué pasó con ese joven? 18 años, servicio militar, sigue preso”, recordó el Presidente, subrayando que el costo humano y judicial para el soldado es excesivamente alto cuando se le asignan tareas que no corresponden a su formación natural.
Finalmente, José Antonio Kast cerró su intervención expresando su preocupación por la disparidad entre el entrenamiento militar y las necesidades de la seguridad ciudadana. El Presidente argumentó que el uso de armamento diseñado para el combate bélico no es compatible con el resguardo de la población civil en entornos urbanos. “No quiero arriesgar a jóvenes que salen con armamento de guerra a resguardar a la ciudadanía, porque después pueden quedar abandonados”, concluyó el jefe de Estado, reafirmando que la prioridad debe seguir siendo el robustecimiento de las fuerzas policiales.
