En un hecho que ha generado repercusiones en el ámbito político y judicial, el Ministerio Público ha emitido una convocatoria formal para que el diputado Carlos Alarcón se presente a brindar una declaración oficial en la ciudad de Sucre. Esta citación se enmarca dentro de un proceso judicial que actualmente se encuentra abierto, el cual investiga presuntas irregularidades relacionadas con delitos específicos tipificados en la normativa legal vigente.
De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia Boliviana de Información (ABI) este 24 de junio de 2026 desde la ciudad de La Paz, la comparecencia del legislador no se produce en calidad de imputado, sino en calidad de testigo. Este detalle es fundamental dentro del procedimiento procesal, ya que la condición de testigo implica que la instancia judicial busca obtener información, testimonios o datos que el diputado podría poseer y que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados por el Ministerio Público.
El proceso judicial que motiva esta citación se centra en la investigación de dos delitos principales: el uso indebido de influencias y la manipulación informática. El primer cargo, el uso indebido de influencias, generalmente se refiere a situaciones donde se presume que una persona utiliza su cargo, posición o relaciones personales para obtener un beneficio o alterar la decisión de un funcionario público. Por otro lado, el delito de manipulación informática implica la alteración, borrado o modificación no autorizada de datos en sistemas computacionales, lo que sugiere que el caso tiene un componente tecnológico en la gestión de la información.
Ante esta notificación, el diputado Carlos Alarcón no ha permanecido indiferente y ha emitido una respuesta pública inmediata. El legislador ha denunciado formalmente que esta citación no responde a una necesidad estrictamente procesal o a la búsqueda de la verdad material, sino que es, en realidad, el resultado de una represalia dirigida en su contra. Según las declaraciones del diputado, el responsable de impulsar esta medida sería el Fiscal General del Estado, Roger, quien estaría utilizando la maquinaria del Ministerio Público para ejercer presión política sobre su persona.
La denuncia de represalias introduce un elemento de conflicto entre el poder legislativo y el órgano rector de la fiscalía. Al afirmar que la convocatoria es una acción retaliatoria, el diputado Alarcón sugiere que existe una motivación personal o política detrás del requerimiento judicial, cuestionando así la imparcialidad del proceso abierto por uso indebido de influencias y manipulación informática.
La ubicación de la declaración, fijada en la ciudad de Sucre, es un punto relevante, considerando que Sucre es la capital judicial del país y donde residen las máximas instancias de justicia. El traslado del legislador desde La Paz hacia Sucre para cumplir con este requerimiento del Ministerio Público subraya la formalidad del proceso y la obligatoriedad de la comparecencia en la jurisdicción donde se lleva el caso.
En resumen, el escenario actual presenta a un diputado de la nación convocado por el Ministerio Público para testificar sobre delitos de manipulación informática y uso de influencias, mientras que el propio legislador sostiene que se trata de un acto de venganza institucional orquestado por el Fiscal General del Estado. La situación pone de relieve la tensión existente entre las figuras involucradas y la complejidad de los procesos judiciales que afectan a autoridades electas.
Hasta el momento, la información se limita a la citación oficial y a la denuncia de represalias vertida por el diputado. El proceso continúa abierto y se espera que el testimonio de Carlos Alarcón, en su calidad de testigo, aporte los elementos necesarios para que el Ministerio Público pueda avanzar en la investigación de los delitos mencionados, independientemente de las interpretaciones políticas que las partes involucradas hayan manifestado sobre el origen de esta convocatoria.
