La Asociación Civil Transparencia ha emitido un pronunciamiento oficial en el que rechaza de manera tajante las acusaciones de fraude relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El proceso electoral, que enfrentó a la candidata Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, líder de la agrupación Juntos por el Perú, se llevó a cabo el pasado domingo 7 de junio.
El anuncio de la organización civil surge como una respuesta directa a las declaraciones emitidas por el candidato de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez había afirmado, sin presentar pruebas que sustentaran sus dichos, que se encontraba un "fraude en desarrollo" durante el proceso. Debido a estas sospechas, el líder de JP manifestó públicamente su postura de no reconocer a Keiko Fujimori como la presidenta electa.
Para fundamentar su rechazo a estas denuncias, la Asociación Civil Transparencia detalló que llevó a cabo un exhaustivo trabajo de observación electoral el pasado 7 de junio. Esta labor de supervisión se extendió por más de diez ciudades ubicadas en el extranjero, asegurando que la integridad de la jornada electoral no se vio comprometida en ninguna de las sedes monitoreadas. Entre las ciudades donde se realizó la observación se encuentran Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Miami, Tokio, Nueva York y Newark.
La organización subrayó que, tras el análisis de la jornada en estos puntos internacionales, no se encontró situación alguna que pusiera en riesgo la transparencia o la legitimidad de los comicios. Además, Transparencia informó que procedió a recoger información detallada de las actas en cada una de estas ciudades. Posteriormente, dicha información fue contrastada meticulosamente con los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales, confirmando la coincidencia de los datos.
A través de un comunicado, la entidad enfatizó la importancia de los valores democráticos en el ejercicio del poder y la competencia electoral. En el documento se señala que "la democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana". En ese sentido, la asociación reiteró su rechazo a cualquier anuncio que busque desconocer los resultados oficiales de la elección basándose en acusaciones de fraude que carecen de evidencia.
Por otro lado, el conflicto se intensificó el pasado 23 de junio, cuando Roberto Sánchez ofreció una conferencia de prensa en su local de campaña. Durante este evento, el candidato ratificó que no reconocerá un eventual gobierno liderado por Fujimori. Sánchez dirigió sus acusaciones hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), asegurando que dicha entidad alteró las leyes con el objetivo de beneficiar a la líder de Fuerza Popular.
El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que la prueba determinante de este supuesto beneficio es la existencia de una norma modificatoria que fue expedida en pleno proceso electoral. Según el razonamiento de Sánchez, la sola existencia de esta modificación legal es suficiente y "no requiere necesariamente prueba fáctica complementaria" para sostener su denuncia de irregularidad.
Asimismo, el líder de JP denunció que hubo cambios injustificados en los procedimientos habituales durante la segunda vuelta electoral. Específicamente, Sánchez señaló la eliminación de la digitalización y el envío de las actas de votación mediante escaneo. El candidato recordó que este método de transmisión de resultados se había utilizado sin inconvenientes durante la primera vuelta electoral, y cuestionó por qué fue descartado en la instancia final del proceso.
Mientras que Roberto Sánchez insiste en que las modificaciones normativas y procedimentales del JNE constituyen un fraude, la Asociación Civil Transparencia mantiene que la evidencia recogida en el campo, especialmente en el extranjero, respalda la integridad de los resultados y hace un llamado al respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.


