Un Tribunal de Apelaciones en Estados Unidos ha emitido una resolución que autoriza al Gobierno de Donald Trump a reanudar y expandir el proceso de deportaciones aceleradas en todo el territorio nacional. Esta medida, que previamente se encontraba limitada a las personas detenidas en el momento de cruzar las fronteras, ahora podrá aplicarse de manera generalizada en cualquier punto del país, eliminando la posibilidad de que los afectados presenten sus casos ante un juez de inmigración.
La decisión fue tomada por los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, quienes resolvieron la cuestión mediante una votación de dos a uno. Según el fallo del tribunal, la extensión de este proceso de expulsión al resto del territorio estadounidense no constituye una violación de los derechos de los inmigrantes. Con esta resolución, se despeja el camino legal para que la administración implemente una política de expulsiones más rápida y con menos supervisión judicial.
El contexto de esta medida se remonta al inicio del segundo mandato de Donald Trump. Inmediatamente después de asumir el cargo, el mandatario ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la aplicación del procedimiento conocido como "expulsión acelerada". Bajo esta directriz, la orden se aplica a todos aquellos extranjeros que no puedan demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país. El punto crítico de este procedimiento es que no se permite que los individuos tengan una audiencia frente a un juez de inmigración antes de ser expulsados.
Tradicionalmente, la deportación acelerada se ha aplicado de forma predominante a las personas indocumentadas que son detenidas en las inmediaciones de la frontera sur. En esos casos, el proceso suele culminar con el regreso de los detenidos a México en los días posteriores a su captura. Sin embargo, la orden emitida por Trump modifica sustancialmente el alcance geográfico de esta herramienta, permitiendo que los agentes del ICE lleven a cabo deportaciones aceleradas de personas detenidas en zonas alejadas de la frontera, extendiendo así la operatividad de la medida a cualquier estado de la Unión.
En cuanto a la composición del tribunal que dictó la sentencia, el juez Justin R. Walker, quien fue nombrado por Donald Trump, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria. A su postura se sumó la jueza Neomi Rao, quien también fue designada por el mandatario estadounidense. Esta alineación judicial fue fundamental para ratificar la legalidad de la política gubernamental frente a los cuestionamientos sobre los derechos procesales de los inmigrantes.
En la fundamentación de la sentencia, el juez Walker hizo una distinción clara entre la ejecución de una norma y la legalidad de la norma misma. En la opinión mayoritaria, Walker escribió: «La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal». Con este argumento, el tribunal determinó que las posibles fallas operativas de los funcionarios en el campo no invalidan la legalidad de la directriz escrita que permite las expulsiones aceleradas.
En resumen, la resolución del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia valida la capacidad del Gobierno de Trump para utilizar el mecanismo de expulsión acelerada fuera de las zonas fronterizas. Esto implica que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cuenta ahora con el respaldo judicial para deportar a extranjeros que no acrediten una residencia menor a dos años, sin que medie la intervención de un juez en el proceso, independientemente del lugar donde se produzca la detención dentro de Estados Unidos.
