Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela durante el mes de enero y el incremento de la presión económica de Estados Unidos sobre Cuba, la atención internacional se ha desplazado hacia Nicaragua. Como el tercer integrante de una troika ideológica regional, el país centroamericano había sido señalado como el posible siguiente objetivo de la Casa Blanca; sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha logrado mantener un perfil bajo, apoyándose en una economía estable y la ausencia total de oposición interna, la cual fue exiliada tras una intensa ola represiva.
A pesar de que Washington ha mantenido el ritmo de sus medidas durante este semestre, el gobierno nicaragüense ha respondido con gestos limitados. Poco después del operativo en Venezuela, Managua liberó a decenas de prisioneros sin justificar los motivos y restableció el requisito de visado para los cubanos, limitando su tránsito hacia Norteamérica. Estas acciones fueron interpretadas como intentos de reducir la tensión con Washington, aunque no representaron cambios estructurales en la gobernanza del país.
En abril, el Departamento de Estado impuso nuevas sanciones a funcionarios, alcanzando esta vez al círculo familiar de la presidencia. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha endurecido su retórica hacia Managua, no ha planteado explícitamente un escenario de cambio de régimen, a diferencia de la postura adoptada respecto a Cuba. Según el profesor Kai Thaler, de la Universidad de Santa Barbara, esta diferencia radica en que Cuba posee una importancia estratégica mayor para Rubio y Nicaragua carece de los vastos recursos naturales que posee Venezuela, lo que altera las prioridades de la Casa Blanca.
Desde el punto de vista económico, Thaler señala que, aunque ha habido recortes salariales para empleados públicos, la economía nicaragüense es más estable que la de Cuba o Venezuela, registrando un crecimiento superior al promedio regional gracias al fuerte flujo de remesas. Esta estabilidad financiera, sumada a la eliminación de cualquier liderazgo alternativo dentro del país, ha blindado la posición de Ortega y Murillo. Thaler enfatiza que se trata de un régimen familiar donde no existe una figura capaz de asumir el control en caso de una salida de los copresidentes, ya que todas las alternativas han sido eliminadas.
Por su parte, el politólogo Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, sostiene que Estados Unidos no aplica una "estrategia de dominó" en la región. Según Orozco, la Casa Blanca busca evitar nuevas olas migratorias o un aumento de la represión, apostando por modificaciones graduales en lugar de una intervención directa. El analista sugiere que Washington podría estar esperando que la inercia de la dictadura genere conflictos internos o una desaceleración económica que permita apalancar la presión externa, evitando forzar una transición en un contexto donde la ciudadanía desconoce a los líderes en el exilio.
El comportamiento público de Daniel Ortega ha mostrado fisuras inusuales. En abril, reaccionó calificando de "desquiciado mental" a quien impuso las sanciones a sus hijos y, meses después, declaró el fin de la alternancia en Nicaragua, asegurando que no volverán a haber elecciones. Asimismo, tildó de "monstruosidad" la detención de Maduro. Mientras algunos ven en esto una estrategia para mantener la base interna, Thaler sugiere que podría ser un indicador de que Ortega se siente lo suficientemente seguro como para insultar la administración de Trump sin temor a un enfoque inmediato de EE.UU. sobre su país.
Este giro autoritario ha tenido repercusiones diplomáticas. El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua en rechazo a las declaraciones de Ortega contra la democracia y el derecho al voto. A pesar de este aislamiento, Nicaragua mantiene el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), un marco que Washington ha utilizado para aplicar sanciones por abusos laborales y derechos humanos, aunque sin llegar a las penas comerciales máximas.
En el plano interno, la transición de poder ya es un hecho. Rosario Murillo recibió el título oficial de copresidenta en febrero de 2025 y ha asumido la gestión diaria del gobierno, mientras Daniel Ortega, de 80 años, reduce su presencia pública. El Departamento de Estado ha reflejado este cambio al comenzar a nombrar a Murillo antes que a Ortega en sus comunicados. Aunque existan especulaciones sobre fracturas internas debido al ascenso de Murillo, Thaler afirma que ella ha asegurado la lealtad de quienes ocupan posiciones de poder.
No obstante, Orozco advierte que el capital político de Murillo es transaccional y depende del apoyo del Ejército. Las sanciones de abril, dirigidas a la producción minera, buscan precisamente desarticular intereses económicos del Ejército y de Laureano Ortega. A pesar de estas presiones, la resiliencia del régimen se mantiene gracias a un equipo de política exterior experimentado que ha sabido neutralizar la presión latinoamericana y evitar una confrontación directa con la Unión Europea y Estados Unidos.
