Una fuerte controversia se ha desatado en el Parlamento peruano luego de que las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán denunciaran presuntas irregularidades procesales durante la ratificación de un proyecto de ley. La normativa en cuestión ordena que el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no sean investigados por la justicia ordinaria, trasladando dicha responsabilidad a los tribunales militares y policiales.
Según el relato detallado por las legisladoras, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, habría intentado bloquear la presentación de un pedido de reconsideración tras la segunda votación que ratificó la mencionada ley. De acuerdo con la información proporcionada por Luque y Bazán, una vez que el proyecto fue aprobado en segunda instancia, el titular de la Mesa Directiva procedió a cerrar el acta y abandonó la conducción de la sesión.
El punto crítico de la denuncia radica en que, simultáneamente al cierre del acta y la salida de Rospigliosi, las congresistas advirtieron que no se encontraba personal disponible en las oficinas correspondientes para recibir el recurso escrito de reconsideración. Ruth Luque calificó este hecho como una práctica inusual y cuestionable, señalando que se trata de una "práctica grosera" atribuida al fujimorismo, razón por la cual se generaron protestas inmediatas dentro del Pleno.
La tensión escaló durante la sesión, donde Ruth Luque, Sigrid Bazán y Flor Pablo expresaron sus reclamos formalmente. En medio de este clima de confrontación, surgió la intervención de un representante de Perú Libre, referido como el señor Cerrón, quien instó a los parlamentarios a cuidar las formas y llamó a la corrección en el lenguaje utilizado. Esta intervención fue duramente criticada por la congresista Luque, quien cuestionó que Perú Libre actúe como escudo de leyes promovidas por el fujimorismo y señaló la dificultad de las minorías parlamentarias para hacerse escuchar. Luque subrayó que, en diversas ocasiones, se les ha apagado el micrófono o se les ha limitado a un solo minuto para oponerse frente a una mayoría, justificando así la necesidad de reaccionar de manera enérgica.
Por su parte, la legisladora Sigrid Bazán increpó directamente la conducta del presidente del Congreso durante el debate en el Pleno. Bazán sostuvo que no hubo intención de faltar el respeto a nadie y cuestionó la coincidencia entre la salida de Rospigliosi de la conducción de la Mesa Directiva, el cierre del acta y la ausencia de personal para recibir el pedido de reconsideración. "Señor, responda. Este Congreso está para discutir", manifestó Bazán, quien además se sumó al pedido de la congresista Flor Pablo para que estos incidentes quedaran debidamente registrados en las actas oficiales.
A pesar de los obstáculos denunciados inicialmente, el pedido de reconsideración finalmente pudo ser presentado. El documento fue suscrito por las congresistas Sigrid Bazán, Flor Pablo y Ruth Luque, así como por los legisladores Reymundo Mercado y Pariona Sinche. Sin embargo, tras el trámite correspondiente, el recurso fue rechazado, manteniendo así la vigencia de la ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria.
Ante este escenario, Ruth Luque manifestó que su esperanza ahora reside en que estas leyes sean derogadas en el próximo Congreso bicameral. Asimismo, la legisladora instó a que se inicien las acciones legales pertinentes mediante la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, abogando por un ejercicio adecuado de la justicia.
Luque advirtió que la aplicación de esta ley representa una "distorsión terrible" que deja a la ciudadanía vulnerable ante posibles abusos y arbitrariedades. La congresista rechazó categóricamente la idea de que los tribunales militares y policiales ofrezcan garantías suficientes a los ciudadanos, basando su postura en su experiencia profesional. Luque destacó que ha llevado casos judiciales en los que personal uniformado ha sido absuelto en dichas instancias, lo que, a su juicio, demuestra la ineficacia de estos fueros para impartir una justicia imparcial hacia la ciudadanía.
