En una intervención determinante durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en la Ciudad de Panamá, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, manifestó la profunda preocupación de su gobierno respecto a la situación actual de Nicaragua. El jefe de la diplomacia costarricense puso el foco sobre dos ejes críticos que considera amenazas para la estabilidad regional: la persistencia de fuerzas militares rusas en territorio nicaragüense y la presencia de organizaciones catalogadas como terroristas, específicamente Hamás y Hizbulá.
Durante su discurso, Tovar subrayó que la presencia de estas fuerzas y grupos no es un hecho aislado, sino una realidad persistente y reciente que observa con enorme inquietud el Estado costarricense. Para dar peso a sus declaraciones, el canciller reveló que, apenas un día antes de su intervención en la OEA, las fuerzas policiales de Costa Rica habían detenido a varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás en suelo costarricense, vinculando así la seguridad interna de su país con el contexto geopolítico de la región.
En el marco de esta sesión, el canciller celebró la adopción de una declaración sobre Nicaragua, aunque señaló que el documento se encuentra aún en fase de borrador. Para Tovar, este instrumento es fundamental ya que reafirma que la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y las libertades fundamentales continúan siendo los pilares esenciales que sostienen el sistema interamericano. El ministro valoró que la Asamblea General haya expresado formalmente su preocupación por el progresivo deterioro de la situación democrática en Nicaragua, haciendo especial énfasis en las denuncias sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
El canciller costarricense fue enfático al denunciar las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua, destacando la persecución y el hostigamiento sistemático contra comunidades de fe y líderes religiosos. En este contexto de vulneración de derechos, Tovar expresó que Costa Rica "deplora" el reciente fallecimiento de Brooklyn Rivera, un líder indígena nicaragüense dedicado a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y quien contaba con medidas de protección del sistema interamericano. Tovar calificó la muerte de Rivera bajo custodia estatal como un hecho de enorme magnitud, exigiendo el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad para sus familiares y la correspondiente rendición de cuentas por parte del Estado nicaragüense.
Asimismo, la intervención del ministro abordó hechos violentos ocurridos en territorio costarricense. Tovar condenó el asesinato del mayor en retiro nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio de 2025 en Costa Rica. Al respecto, el canciller destacó la eficacia de las autoridades nacionales, cuya actuación permitió la detención y el procesamiento judicial de varios sospechosos. Aseguró que su país actuará con firmeza para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia, reiterando que ninguna forma de intimidación o violencia encontrará espacio para la impunidad en Costa Rica.
Respecto al impacto de la declaración de la OEA, Tovar afirmó que el mensaje enviado es contundente y representa un acto de solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo nicaragüense en general. Según el canciller, este respaldo se alinea con los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Finalmente, el canciller recordó el complejo estado de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua, las cuales se mantienen actualmente solo a nivel de consulados. Esta degradación diplomática se remonta al año 2018, cuando el entonces presidente Carlos Alvarado decidió no nombrar un embajador en Nicaragua como respuesta a la represión y las violaciones cometidas contra manifestantes y opositores.
Esta crisis política y social, que persiste desde abril de 2018, se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021. En dichos comicios, Daniel Ortega, quien ostenta el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato. El proceso estuvo marcado por la controversia, ya que los principales contendientes se encontraban en prisión, siendo posteriormente expulsados del país y privados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de traición a la patria y golpismo.
