El Gobierno nacional, bajo la gestión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ha generado una fuerte controversia tras la oficialización de una nueva operación de crédito público. A través del Boletín Oficial, se dio a conocer el Decreto 478/2026, el cual faculta al Poder Ejecutivo a llevar a cabo operaciones de endeudamiento por un monto de hasta 5.000 millones de dólares. Esta medida ha provocado reacciones inmediatas y severas por parte de diversos sectores políticos y economistas.
La exministra de Economía, Felisa Miceli, quien formó parte del gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuestionó duramente la estrategia financiera del equipo económico actual. En declaraciones brindadas a Somos Radio, Miceli señaló que el Gobierno continúa endeudando a la Argentina de una manera "abrumadora", asegurando que esta es una práctica recurrente de Luis Caputo, quien buscaría constantemente nuevas vías para sumar deuda al país.
La economista fue enfática al señalar que el problema no radica únicamente en la adquisición de la deuda, sino en el destino de los fondos. Según Miceli, si el dinero obtenido se destinara a obras de infraestructura, como la construcción de hospitales, centrales hidroeléctricas o caminos, la medida sería aceptable. Sin embargo, afirmó que el objetivo real de estos fondos es "bancar el modelo de fuga de capitales", criticando así la gestión de los recursos internacionales.
En relación con la nueva operación de 5.000 millones de dólares, Miceli explicó que el Gobierno recurre a organismos internacionales para obtener estos fondos, los cuales serían utilizados posteriormente como garantías para acceder a otras deudas. Esta maniobra, según la exfuncionaria, es necesaria debido a que el país no puede salir directamente al mercado financiero internacional debido al elevado nivel del riesgo país.
Asimismo, Miceli advirtió sobre el impacto directo que este endeudamiento tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos, lamentando que el tema no reciba la atención suficiente en la agenda pública. La economista vinculó la situación de la deuda con indicadores críticos de la economía real, asegurando que es este contexto el que provoca el cierre de aproximadamente 30 empresas por día y el incremento de la desocupación laboral. Para Miceli, esta deuda es "impagable" y sostuvo que debería ser denunciada ante los organismos correspondientes, ya que considera que compromete el futuro del pueblo argentino.
Por otro lado, el diputado nacional Nicolás del Caño, perteneciente al Partido Trabajador Socialista (PTS) y al Frente de Izquierda, se sumó a las críticas contra la administración central. A través de sus redes sociales, el legislador trotskista lanzó una dura calificación contra el presidente Javier Milei, describiéndolo como un «endeudador serial». La reacción de Del Caño surgió como respuesta directa a la publicación del Decreto 478/2026 y a las denuncias previamente expuestas por Felisa Miceli.
Un punto central de la polémica radica en las condiciones legales estipuladas en el decreto. El documento autoriza la inclusión de cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, Estados Unidos. Esto implica que el Estado argentino renuncia a la denominada «inmunidad de jurisdicción» para los procesos derivados de estas operaciones de crédito.
No obstante, el decreto aclara que esta renuncia a la inmunidad tiene límites específicos. Se especifica que la medida no afecta a bienes considerados esenciales para la Nación, tales como las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público o el patrimonio cultural del país. A pesar de estas salvedades, la medida sigue siendo el eje de un intenso debate político sobre la soberanía financiera y la sostenibilidad económica de la Argentina.
