La representación legal de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, ha presentado una solicitud formal ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, con el objetivo de que se verifique la legalidad de las conversaciones que sirvieron como base para su imputación en el actual proceso judicial. El equipo de abogados ha sido tajante al plantear que, en caso de determinarse que dicho material no fue obtenido conforme a derecho, se proceda a la anulación total del proceso.
A través de un escrito dirigido al magistrado, la defensa del exmandatario ha solicitado que se requiera a la Fiscalía Anticorrupción la entrega de la resolución judicial que autorizó específicamente el acceso al denominado “análisis de las comunicaciones privadas”. Según sostienen los abogados, este conjunto de datos y comunicaciones resultó ser una pieza clave para sustentar las imputaciones por hechos delictivos que ahora pesan sobre el exlíder del PSOE.
La representación legal ha manifestado que, tras revisar las actuaciones, no ha logrado localizar las resoluciones judiciales que permitieran tanto a la Fiscalía como a los distintos cuerpos policiales examinar un dispositivo identificado en la causa como “crucial”. Asimismo, la defensa cuestiona la legalidad de la revisión de las conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero, quien es considerado una figura central dentro del complejo caso Plus Ultra.
De acuerdo con el contenido del escrito presentado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional realizó un análisis de mensajes intervenidos a Palomero, los cuales provenían de un chat denominado "Danilo-España". Estas comunicaciones fueron las que llevaron a los investigadores a formular la hipótesis de que podría existir una organización internacional dedicada al blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países, situación que derivó posteriormente en la apertura de la presente causa judicial.
La defensa ha subrayado que, aunque parece que estas mismas conversaciones son referenciadas en otros informes mencionados tangencialmente en diversos apartados del expediente, dichos documentos no obran en las actuaciones a las que el equipo legal tiene acceso actualmente, lo que genera una incertidumbre sobre la validez procesal de las pruebas.
José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer exjefe del Ejecutivo español en quedar bajo investigación judicial. El exmandatario enfrenta graves acusaciones por presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra. Según la investigación, la compañía habría recibido un préstamo de 53 millones de euros en el año 2021, en plena crisis sanitaria por la pandemia, a cambio de supuestas comisiones.
La situación jurídica de Zapatero se ha complicado significativamente, habiendo comparecido la semana pasada ante la Audiencia Nacional. Las imputaciones en su contra incluyen delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. A este escenario se han sumado cargos adicionales por delitos fiscales y contrabando, relacionados con el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, las cuales fueron encontradas en la caja fuerte de su oficina, basándose en una tasación ordenada previamente por el juez.
Por su parte, el abogado Víctor Moreno Catena ha hecho hincapié en la existencia de un disco duro, también calificado como “crucial”, que contiene no solo las conversaciones del abogado Miguel Palomero, sino también comunicaciones privadas de terceros. Estas personas se habrían visto afectadas por las entradas y registros realizados el pasado 24 de octubre de 2024, acciones que se llevaron a cabo en el marco de solicitudes de cooperación jurídica internacional procedentes de Francia y Suiza.
El núcleo del conflicto legal actual reside, por tanto, en la trazabilidad de las autorizaciones judiciales para el acceso a estos dispositivos y comunicaciones. La defensa insiste en que la transparencia en la obtención de las pruebas es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso, advirtiendo que cualquier vulneración en este aspecto debería conducir a la anulación de las imputaciones contra el exmandatario.
