El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este lunes 22 de junio de 2026 la suspensión de los bloqueos de carreteras que se mantenían activos en el departamento de Cochabamba. Esta decisión se produce luego de que el gobierno encabezado por Rodrigo Paz decretara, hace tres días, un estado de excepción con el objetivo primordial de poner fin a las movilizaciones y protestas que han afectado la estabilidad del país.
Con la implementación de la medida gubernamental, el abastecimiento de productos básicos en el territorio boliviano ha comenzado a normalizarse. Esta situación ocurre tras siete semanas de intensas protestas que paralizaron diversas regiones. Desde los primeros días de mayo, diversos sectores sociales, incluyendo sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca, organizaron cortes de rutas en múltiples puntos estratégicos del país. Los manifestantes expresaron su rechazo al gobierno de centroderecha del presidente Rodrigo Paz, a quien señalan como el responsable de la crisis económica más severa que ha enfrentado la nación en los últimos 40 años.
Por su parte, el mandatario Rodrigo Paz, quien puso fin en noviembre a dos décadas de administraciones de tendencia izquierdista, ha mantenido una postura firme contra las movilizaciones. El presidente ha acusado directamente a Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, de ser el cerebro detrás de la orquestación de estas protestas. Según el gobierno, estas acciones coordinadas provocaron una grave escasez de combustibles, alimentos y medicamentos, afectando principalmente a la capital administrativa, La Paz, y a la ciudad vecina de El Alto.
Evo Morales, quien se encuentra refugiado en la región selvática del Chapare, manifestó al cierre de una asamblea con dirigentes cocaleros este lunes que se ha decidido establecer, por el momento, un "cuarto intermedio" en los bloqueos. Estos cortes de ruta se concentraban mayoritariamente en Cochabamba, zona considerada como uno de sus bastiones políticos más fuertes en el centro del país.
Durante el periodo más crítico de la crisis, Bolivia llegó a registrar aproximadamente cien cortes de rutas en todo el territorio nacional. Sin embargo, el número de bloqueos se redujo significativamente a partir del sábado, coincidiendo con la declaración del estado de excepción. Esta medida legal permite el despliegue interno de las fuerzas armadas para restablecer el orden, restringe el derecho constitucional a manifestarse y prohíbe estrictamente el bloqueo de rutas principales.
El impacto de las paralizaciones fue considerable, ya que afectaron corredores estratégicos fundamentales para la economía y el comercio. Los bloqueos interrumpieron la comunicación entre La Paz y El Alto con la región agropecuaria de Santa Cruz, así como el flujo de mercancías hacia los puertos de Chile y Perú situados en el océano Pacífico, limitando la capacidad de importación y exportación del país.
En el ámbito de las acusaciones mutuas, el presidente Paz ha señalado que Morales no solo coordina las protestas, sino que recibiría apoyo financiero proveniente de narcotraficantes. No obstante, hasta la fecha, el gobierno no ha presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. En respuesta, el exmandatario ha rechazado categóricamente tales acusaciones, asegurando que cualquier intento de captura en su contra responde a la influencia y mano de Estados Unidos.
Finalmente, durante una reunión pública realizada en el Chapare, el líder indígena denunció que su región ha sufrido reiterados cortes de electricidad. Morales calificó estas interrupciones energéticas como parte de una "guerra psicológica" dirigida contra la zona. El expresidente lanzó una advertencia clara: si los cortes de luz persisten, los movilizados tomarán una planta eléctrica para administrarla ellos mismos y garantizar que la energía no falte en la región.
Este escenario de tensión social se ha visto reflejado en imágenes recientes, como las registradas el 18 de junio de 2026 en Tilata, departamento de La Paz, donde líderes de los "Ponchos Rojos" se reunieron para discutir el futuro de las protestas, asistidos por indígenas que portaban carteles con la inscripción "Policía de la Unión" en sus sombreros.
