El sistema financiero chileno se encamina hacia una transformación profunda en sus métodos de seguridad operativa. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha establecido una fecha definitiva para el cese de la vigencia de la tarjeta de coordenadas: el 1 de agosto de 2026. Esta medida busca modernizar la forma en que los usuarios validan sus transacciones, eliminando un método que ha sido fundamental durante años, pero que hoy resulta insuficiente ante las amenazas digitales actuales.
El núcleo de este cambio radica en la implementación de la nueva normativa de Autenticación Reforzada de Clientes, conocida técnicamente como ARC. Bajo este marco regulatorio, las instituciones bancarias del país están obligadas a migrar hacia sistemas de validación mucho más robustos y seguros. Entre los métodos exigidos por la normativa se encuentran el reconocimiento facial y la huella digital, herramientas biométricas que permiten asegurar que la persona que realiza la operación es efectivamente el titular de la cuenta, reduciendo así la posibilidad de suplantación de identidad.
A pesar de la obligatoriedad de este avance tecnológico, la CMF ha reconocido que una transición abrupta podría generar una brecha de exclusión financiera. Por esta razón, el regulador ha abierto una puerta de excepción fundamental, aunque poco difundida, diseñada específicamente para proteger a aquellos clientes que no manejan tecnología avanzada. Esta flexibilidad normativa busca evitar que miles de chilenos, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad tecnológica, queden fuera del acceso a sus fondos o vean interrumpida su operatividad financiera.
El grupo beneficiario de esta excepción comprende principalmente a los adultos mayores y a aquellas personas que manifiesten dificultades reales para adoptar los nuevos sistemas digitales. Para quienes se encuentran en esta situación, la CMF ha permitido que las entidades financieras mantengan el sistema de tarjeta de coordenadas. No obstante, este beneficio no es automático. Los usuarios que necesiten conservar su método de autenticación actual deben solicitarlo activamente, ya sea a través de su ejecutivo de cuentas o utilizando los canales de atención oficial de su respectivo banco, fundamentando su solicitud en la flexibilidad permitida por el regulador.
En la práctica, la industria bancaria ya ha comenzado el proceso de migración. Entidades como BancoEstado, Santander y Banco de Chile se encuentran notificando activamente a sus carteras de clientes para que inicien el proceso de enrolamiento en sus nuevas plataformas de seguridad. Entre estas herramientas destacan el "Pase Digital", el "BE Pass" y el "Mi Pass", sistemas que sustituyen la lectura manual de coordenadas por una validación digital instantánea y cifrada.
Es fundamental que los usuarios que no califican para la excepción tomen medidas preventivas antes de que termine el mes de julio. El proceso de activación de la biometría o los pases digitales debe completarse antes de dicha fecha. De no hacerlo, los clientes se enfrentarán a consecuencias directas en su operatividad diaria: es muy probable que sus transferencias a terceros se vean limitadas en cuanto a los montos permitidos o, en casos más estrictos, que dichas operaciones queden completamente bloqueadas por motivos de seguridad.
El objetivo final de la CMF con esta transición es la reducción drástica del fraude digital. Según el regulador, los sistemas basados en claves fijas o coordenadas impresas son los puntos más vulnerables y los más atacados con éxito por los delincuentes cibernéticos. Al implementar la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), se elimina el riesgo asociado al robo físico de tarjetas de coordenadas o la interceptación de claves estáticas, trasladando la seguridad al cuerpo del usuario mediante la biometría.
En resumen, mientras el país avanza hacia un ecosistema financiero más seguro y digitalizado para agosto de 2026, queda un periodo de transición donde la educación y la solicitud de excepciones serán claves. Los clientes deben revisar su perfil, verificar si requieren la excepción por dificultades tecnológicas y, en caso contrario, asegurar la activación de sus herramientas digitales para evitar cualquier interrupción en sus servicios bancarios.
